El penado Pujol y la clasificación penitenciaria

La Ley Orgánica General Penitenciaria pone especial énfasis en la clasificación de los penados para su mejor tratamiento como “conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados” (art. 59). El tratamiento es en último término voluntario, pero ello no obsta a la imperatividad de la clasificación en primer grado, segundo o tercero (con la libertad condicional si ya se ha cumplido buena parte de la pena), pues los grados determinan respectivamente el régimen aplicable: cerrado, ordinario y abierto, o de semilibertad, amén de la libertad condicional en su caso. La Ley Orgánica General Penitenciaria también distingue con bastante nitidez entre la clasificación en segundo grado y el régimen ordinario, de una parte, y el tercer grado y el régimen abierto, de otra.

No habría, en principio, impedimento alguno para que la primera clasificación fuera ya en tercer grado, pero el Reglamento Penitenciario de 1981 exigía en algunos supuestos un estudio previo de al menos dos meses (art. 251). Por lo demás, la resolución no se notificaba siquiera al Fiscal ni se ponía en conocimiento del Juez de Vigilancia, lo que dejaba la clasificación al criterio de la Administración Penitenciaria. Luego, tanto en el Código Penal como en la Ley Orgánica General Penitenciaria se fueron introduciendo particulares requisitos para la clasificación en tercer grado, así tiempo mínimo en el cumplimiento de la pena, abono de la responsabilidad civil, consideración especial de algunos delitos, etc… Y el posterior y vigente Reglamento Penitenciario de 1996 dispone expresamente que se notificarán al Ministerio Fiscal todas las resoluciones de clasificación o progresión a tercer grado (art. 117), lo que abre la puerta al control del Juez de Vigilancia.

Sin embargo, no todo en el nuevo reglamento se atiene estrictamente a la letra y al espíritu de la Ley. Conocida es la frase de aquel político al que no le importaba tanto la ley como que a él le encargasen redactar su reglamento. Ahora se difuminan los límites entre la clasificación en segundo y tercer grado, con su inevitable repercusión en los regímenes ordinario y abierto. Con esta concepción amplia del tratamiento, el programa “podrá contener elementos de los diferentes grados de clasificación en las condiciones establecidas en el artículo 100.2, que introduce el principio de flexibilidad”.

Y así llegamos al escándalo de la aplicación de dicho precepto al penado Pujol tan pronto como el Fiscal, mediante el correspondiente recurso, solicitó y obtuvo del Juez de Vigilancia la anulación del tercer grado. Por la puerta de atrás se consigue que el clasificado en segundo grado venga a disfrutar de un régimen similar al de tercero. Parece que, en este caso, el interno sólo irá al centro penitenciario para dormir y poco más. Dicen que este artículo 100.2 se aplica frecuentemente por la Administración Penitenciara de Cataluña en supuestos sin relevancia pública o política. Puede ser, pero con la Administración Penitenciaria del Ministerio del Interior no sucede lo mismo.

Las malas lenguas aseguran que el repetido artículo 100.2 se redactó pensando en la lucha contra ETA, incluidas las negociaciones, pues es el que permitió la libertad de De Juana Chaos, terrorista cuya suerte fue preocupación preferente de la banda. Lo cierto y verdad es que este artículo y la transferencia de competencias penitenciarias a la Comunidad Autónoma de Cataluña pueden dar mucho juego en el cumplimiento de las penas que se impongan en los actuales juicios ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional por rebelión, sedición, y malversación.