La competencia jurisdiccional para impugnar acuerdos de la Junta Electoral Central

La Junta Electoral Central estimó primero una reclamación del Partido Popular y de Ciudadanos para excluir a don Carles Puigdemont, doña Clara Ponsatí y don Antonio Comín de las lista de candidatos de Lliures per Europa en las elecciones al Parlamento Europeo, de forma que después, como consecuencia de ello, sus nombres quedaron fuera de la misma. Al examinar el recurso de Lliures per Europa contra aquellos acuerdos, el propio Tribunal Supremo considera que ambas cuestiones se insertan y complementan en el trámite para la proclamación de candidatos.

La Junta Electoral Central, no sin algunos votos particulares en contra, había puesto el acento en el absurdo de que acabaran representando a España en el Parlamento Europeo personas huidas de la justicia para evitar ser juzgadas por delitos de rebelión o sedición. Una postura que parece acorde con el más elemental sentido común. Sucede, no obstante, que la Constitución y las leyes están para ser cumplidas y aquella circunstancia no figura como causa de inelegibilidad. Este es el argumento básico tanto del recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo como del dirigido a un Juzgado ordinario de dicha jurisdicción (y reproducido también ante la misma Junta Electoral Central).

El Tribunal Supremo, tras criticar duramente aquella triplicidad de reclamaciones, declara que la competencia corresponde indudablemente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en este caso el número 2 de Madrid. Ahora bien, siendo esto así, lo correcto habría sido no pronunciarse sobre el fondo del asunto, pero el auto del Tribunal Supremo aduce “las muy especiales circunstancias en las que nos encontramos“ para hacer algunas consideraciones de difícil encaje procesal, tanto más cuando la parte dispositiva de su resolución ordena al Juez competente que resuelva la cuestión debatida “con arreglo a lo expuesto en los razonamientos anteriores”. De este modo, un Tribunal incompetente para resolver el recurso acaba resolviéndolo, aunque sea de modo indirecto.

Aquí no se entra a examinar los motivos que aduce el Tribunal Supremo para estimar la oposición a los acuerdos de la Junta Electoral Central. Alega, en resumen, que todos los españoles tienen derecho a presentarse como candidatos al Parlamento Europeo y que la rebeldía no se encuentra entre las causas de inelegibilidad. Yo, personalmente, me sumo a la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo, pero los defectos o vacíos legales, de haberlos, no siempre son corregibles jurisprudencialmente (tal y como puso de manifiesto la suerte corrida por la doctrina Parot). Con este auto del Tribunal Supremo la figura del Juez predeterminado por la ley se difumina y la independencia del Juez de lo Contencioso-administrativo número 3 de Madrid no sale bien parada. Y nos movemos en el ámbito de derechos que nuestra Constitución garantiza.

¿Se imagina el lector un planteamiento y una decisión similares, pero al revés? ¿Qué diríamos si el Tribunal Supremo, después de admitir su incompetencia para resolver el recurso, hubiera indicado al Juez competente que debía desestimar el interpuesto contra un acuerdo de la Junta Electoral Central a favor de que aquellos políticos participasen en el proceso electoral?. ¿Intervendría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

Sí, pues, a la doctrina del Tribunal Supremo, pero con muchas reservas constitucionales y procesales.