El blindaje constitucional de las pensiones y prestaciones similares

Se escriben estas líneas poco antes de conocerse los resultados de nuestras elecciones generales, pero lo que en ellas se advierte es válido con independencia absoluta de lo que figure en determinados programas políticos. Algunos prometen que, si llegaran al Poder, blindarían las pensiones mediante una reforma de la Constitución, acomodándolas, por ejemplo, al IPC anual. Sin embargo, y desgraciadamente, las limitaciones de la buena voluntad no se orillan con bellas palabras, sea cual fuere el texto en el que se recojan.

Hay derechos fundamentales en los que su anclaje constitucional viene a serlo todo. Así ocurre con la libertad, la integridad física, la intimidad o la presunción de inocencia. Vienen a ser declaraciones cuya validez efectiva no depende, al menos significativamente, de la mayor o menor pujanza económica del país en cuestión. Distinto es, por el contrario, el caso de otros derechos cuyo desarrollo se encuentra indisolublemente unido a las posibilidades que la situación económica ofrezca.

Según el artículo 35 de la Constitución, todo español tiene “derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. Pero, claro está, la interpretación de conceptos como el de la remuneración suficiente y el de las necesidades habrá de hacerse en el marco de la sociedad española y poniendo especial énfasis en sus circunstancias económicas, las mismas que, condicionarán, de otro lado, la cuantía de las partidas presupuestamente fijadas para procurar que la realidad se aproxime lo más posible a lo que nuestra Ley Fundamental propugna. Y algo similar sucede también con el derecho a disfrutar de “una vivienda digna y adecuada” conforme al artículo 47 o con el derecho “a la protección de la salud” en el artículo 43 o con el “disfrute de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” en el artículo 45.

Y es que poderoso caballero es don Dinero, como escribió Quevedo, y sólo con su ayuda pueden alcanzarse cuantos deseos hayan de materializarse en un mundo donde el vil metal tiene la última palabra y, a veces, hasta la primera. El futuro de las pensiones, aparte de su razonable programación, no dependerá de una reforma de constitucional, sino de cómo se encuentre la economía española al pagarse aquéllas. Tanto los fondos de la Seguridad Social como las previsiones presupuestarias son fiel expresión de la situación económica de un país. A partir de ahí la cuenta de la vieja es muy sencilla. Con más dinero se podrá atender mejor a jubilados y pensionistas que con menos. Diga lo que diga la Constitución, naturalmente.

Aunque sea a más bajo nivel, conviene recordar que, según el artículo 19.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, los internos dispondrán de celda individual. Han transcurrido cuarenta años desde entonces, pero el papel mojado, mojado sigue. Para ese viaje a ninguna parte hubiera sido suficiente un Real Decreto e incluso una modestísima Orden Ministerial.