Asesinato y suicidio en la violencia de género

El asesinato de la mujer se sitúa en la cúpula de la violencia de género o, más correctamente, de la violencia por razón del sexo. Los ha habido siempre y continuará habiéndolos, pues es muy difícil, por no decir imposible, eliminar de raíz todas sus causas. La naturaleza humana, que se proyecta también en los delitos, sólo parcialmente reacciona a los imperativos legales y a las amenazas de una pena. Fallan igualmente en mayor o menor grado los autofrenos morales inhibitorios, muy dependientes de la educación y los ambientes sociales.

La aplicación de la llamada Ley de Violencia de Género de 2004 no parece haber respondido plenamente a las tal vez excesivas esperanzas puestas en ella, al menos en cuanto al número de mujeres asesinadas, lo que, sin embargo, no impide reconocer sus aspectos positivos. Los comentaristas son muy libres de valorar lo ocurrido estos últimos años en España, lo que se pretende lograr y lo realmente conseguido.

Sorprende, no obstante, la escasa atención que ha recibido el fenómeno -para mi nuevo en tanto no se me pruebe lo contrario- del agresor que se suicida tras cometer su crimen, como si las dos muertes, la de la mujer y la propia, fueran dos actos estrechamente vinculados en un mismo proyecto.

Ese frecuente recurso al suicidio repercute de dos modos, ambos negativos, en la política criminal con la que nos enfrentamos a esta lacra. De un lado, es obvio que el temor a una pena, por grave que esta sea, ya no juega aquí papel alguno. O si lo jugara, no sería muy disuasorio. De otro, poca eficacia tendrán las órdenes de alejamiento. Su quebrantamiento sería un insignificante plus en una condena que ni siquiera podría ser impuesta.

Se me podrá decir que, si las cosas son así, yo mismo debiera proponer algo para mejorar la situación actual, pero ni es ese mi papel en este momento ni me gusta opinar alegremente. Algún observatorio de violencia de género o alguno de los numerosos organismos oficiales que se ocupan de estos problemas sí que deberían, por el contrario, estudiar seriamente una cuestión de tamaña importancia. Después, a la vista de los resultados a los que llegasen los correspondientes equipos de penalistas, criminólogos, psicólogos, sociólogos y otros especialistas sería el momento de generalizar el debate.