La espuma del proceso

El juicio por el golpe de Estado en Cataluña se prolongará, previsiblemente, un par de meses más o menos, demasiado tiempo para mantener el interés de quienes deseen seguirlo paso a paso. Vaya para éstos un bienintencionado consejo. Si no quieren perderse lo que el proceso tiene de escenificación, con las edulcoradas declaraciones de los acusados y su machacona insistencia en considerarse perseguidos políticos, pues bien, adelante. Raro será que no se produzca algún rifirrafe que rompa la monotonía de las sesiones. Pero si lo que les importa es si habrá o no condenas por los delitos de rebelión, sedición y malversación, se recomienda centrar la atención en algunos puntos o momentos.

Y es que los hechos ahora enjuiciados son bastante claros. Los hemos conocido en tiempo real y nos sabemos de memoria las explicaciones o excusas de sus protagonistas. No hay que contar con muchas sorpresas en la práctica de las pruebas. El verdadero problema consiste en determinar la relevancia jurídicopenal de esas conductas que culminaron en una declaración unilateral de independencia. El golpe de Estado no existe como delito en nuestro Código Penal, pero si los de rebelión, sedición y malversación. La función del Tribunal Supremo se centra en pronunciarse sobre esas figuras siempre que alguna de las acusaciones personadas en la causa, VOX, Fiscalía y Abogacía del Estado, las hagan suyas. A partir, naturalmente, de su acreditación fáctica con prueba suficiente.

El primer hito de interés, y aún falta mucho hasta que llegue, es el del paso de las calificaciones provisionales a las definitivas. Cabe modificar aquellas o, sencillamente, retirarlas, pero esto último no parece probable en nuestro caso. Actualmente solo hay una discrepancia importante por cuanto la Abogacía del Estado prescinde del delito de rebelión. La sentencia del Tribunal Supremo abordará la existencia o no de esos tres delitos. ¿Ha concurrido la violencia medial o causal para llegar a la declaración de independencia? ¿A quiénes alcanzaría la responsabilidad criminal en el delito de sedición como autores materiales, cómplices o inductores? Son solo algunas de las preguntas que habrán de recibir respuesta.

Luego vendrán los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando la infracción de derechos fundamentales a lo largo del proceso penal. Y después el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación de los recogidos en el Convenio de Roma de 1950. Estos coinciden sustancialmente con los garantizados en nuestra Constitución, pero la interpretación de ambos tribunales no siempre coincide. Habrá que esperar bastante tiempo hasta que diga su última palabra el Tribunal de Estrasburgo. Las reflexiones y proclamas políticas ante el Tribunal Supremo, aprovechando particularmente la concesión de las últimas palabras a los acusados, habrá sido espuma irrelevante en términos jurídicos.