¿Necesitan resocializarse los grandes delincuentes contra la Hacienda Pública?

La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, según la denominación introducida en nuestro Código Penal por la Ley Orgánica 10/1995, sigue conectando en último término con la Ley de Condena Condicional de 1908. A su tenor y conforme al texto actual, “los jueces y tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos”.

No es cosa de meterse ahora a exégeta del precepto, pero sí procede señalar que la repetida suspensión nunca es preceptiva, sino discrecional a partir del cumplimiento de determinados requisitos entre los que destacan la duración de la pena no superior a dos años y la inexistencia de antecedentes penales (excluidos en todo caso los relativos a delitos imprudentes o leves). De hecho, sin embargo, la práctica se ha decantado por la suspensión siempre que se den aquellas mínimas exigencias legales, como si se tratara de un derecho del reo.

Guste o no, y se opine lo que se opine sobre lo que no deja de ser una corruptela generalizada, lo que hoy pretendo señalar son sus más que discutibles efectos en los delitos contra la Hacienda Pública, castigados con unas penas de prisión que raramente se cumplen. Y aquí viene lo que resulta escandaloso para muchos ciudadanos que ven como muy conocidos personajes que han defraudado al Fisco, o sea, a los españoles en su conjunto, cantidades astronómicas de euros, consiguen no entrar en la cárcel.

Y es que en tales casos no es infrecuente que el fiscal acusador y la defensa del acusado lleguen a un acuerdo, de forma que éste último se conforma con su condena a pagar una multa (quizá sólo una pequeña parte de lo en verdad defraudado) y a pena o penas de prisión que no superan los dos años. El acuerdo se suele cerrar en los dos años justos.

La atenuante de reparación del daño causado y la de dilaciones indebidas por culpa de la propia Administración de Justicia permiten rebajar las peticiones de pena hasta facilitar la conformidad. Todo muy legal si no fuera porque cuando la noticia llega a nuestros medios de comunicación se presenta como lo que realmente no puede ser: un compromiso que incluye la suspensión de la ejecución de las penas de prisión, siendo así – y esto es tanto o más escandaloso cuanto más cierto – que el juez o tribunal es por definición ajeno a tal pacto y no puede adelantar cuál será su postura al solicitarse la repetida suspensión. Habrá que esperar a la firmeza de la sentencia y atender entonces a todas las circunstancias del caso concreto. No estaría de más alguna nota del Consejo General del Poder Judicial recordando que aquellas conformidades no pueden predeterminar la suspensión de las penas de prisión impuestas.

Se lee en el Evangelio que los ricos tienen muy difícil el entrar en el reino de los cielos, pero quizás sea más difícil todavía que un gran defraudador del Fisco entre en prisión. Hay nombres emblemáticos, deportistas, cantantes, y capitostes de la corrupción que están en la mente de todos. Lo de la rehabilitación a través del tratamiento penitenciario no va con ellos.