Inmigración ilegal y transparencia

Aquarius

La utópica postura de puertas abiertas frente a cualquier persona que desee instalarse aquí, en España, para disfrutar no solo de nuestras libertades y derechos, sino también de nuestros servicios públicos, mercado laboral y prestaciones sociales de toda clase, responde más a los sentimientos y buenos deseos que a consideraciones racionales. Recuérdese la enorme cifra de probables candidatos a tan apetitoso desplazamiento. El principio de los vasos comunicantes nos llevaría a una igualación por abajo. España acabaría siendo tan mísera como los países de procedencia de esos millones (así, millones) de inmigrantes ilegales.

Descartado aquel enfoque del problema, caben muy diferentes opiniones acerca de qué política concreta sería la mejor para solucionarlo o, al menos, encauzarlo debidamente. Y entonces resulta imprescindible conocer algunos datos objetivos como presupuesto real del debate político. Es de lamentar, sin embargo, que la información, cuando la hay, suela pecar de confusa o incompleta.

Hemos leído estos días, por poner un ejemplo, que se aproximan a los 60.000, el doble aproximadamente del año anterior, los inmigrantes ilegales que llegaron durante 2018 a nuestras costas mediterráneas en patera u otra embarcación por el estilo, o fueron rescatados cuando sus vidas corrían peligro. Con tales antecedentes, a muchos españoles nos gustaría saber de fuente oficial qué ha sido de los 30.000 inmigrantes de 2017. El cuestionario no sería muy largo. ¿Cuántos quedan por identificar? ¿De qué viven los que siguen entre nosotros? ¿En qué trabajan? ¿Cuántos continúan en centros de internamiento? ¿Cuántos abandonaron España para pasar a la clandestinidad o buscar refugio en otros países de la Unión Europea? ¿Qué ha sido de los menores de edad?

Y si al hilo de aquellas preguntas la propia autoridad competente completara el interrogatorio y aportara las correspondientes respuestas, tanto mejor. Sólo a partir de las mismas será posible pronunciarse sobre las mejoras o cambios procedentes, bien a nivel de la Unión Europea, bien en la legislación nacional, bien en la práctica. Lo que conduce indefectiblemente al fracaso es aferrarse a unas ideologías de pretendida validez universal y, por lo tanto, de una bondad que no admite dudas en ningún supuesto.

La mejor prueba de los nueve para detectar la endeblez de cualquier línea argumental es, como dicen que ocurre con el estado de embriaguez, la negación de la evidencia. Claro que tuvo efecto llamada el episodio del Aquarius, recibido a bombo y platillo en el puerto de Valencia con centenares de inmigrantes a los que otros países cerraban sus puertas.

De otro lado, y en todo caso, habrá que distinguir entre dos verbos que hoy se utilizan casi como sinónimos, sobre todo a propósito de las actividades de alguna que otra ONG. Una cosa es “rescatar” náufragos cuya vida corre peligro por un naufragio en alta mar y otra “recoger” a quienes las mafias llevaron, ya calculadamente, hasta ese punto de encuentro. Dejemos España por un momento y recordemos las intervenciones del pretendido salvamento dentro aún de las aguas jurisdiccionales libias.

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