Sobre nuestra Justicia

Empecemos subrayando que la Justicia española, igual la Ordinaria que la Constitucional, se ha mantenido al margen de la corrupción que tanto daño y escándalo ha causado en otros ámbitos como el político y el financiero, afectados con demasiada frecuencia por el nepotismo y la tentación proveniente de una pseudoadministración paralela donde los controles han brillado a veces por su ausencia. En los papeles de Panamá, Lichtenstein y otros países por el estilo, no hay nombres de magistrados y fiscales, como creo que también ocurre con los altos funcionarios administrativos, particularmente los de la Administración del Estado. Y es que las oposiciones y la vocación no casan bien con las aspiraciones al enriquecimiento rápido aprovechando el momento, aunque este pueda prolongarse durante años.

Lo dicho más arriba no quita para que nuestra Justicia, en sus dos versiones, padezca de un grave defecto: las demoras excesivas. Y ya se sabe que una justicia lenta deja de ser justicia. La cuestión es de tal entidad que mal cabe comprimirla en una breve columna periodística. De ahí que en esta ocasión me conforme con exponer, acercando la lupa a dos casos concretos, cómo para mayor inri tales demoras se utilizan de vez en cuando de torticeras coartadas para justificar determinadas actitudes políticas, en especial el incumplimiento de promesas muy jaleadas en su día. El retraso se manipula y utiliza “pro domo sua”, en palabras de Cicerón.

El PP se opuso a la vigente ley que, propuesta por el PSOE, introdujo en España un novedoso sistema de plazos para la impunidad del aborto. A los supuestos tradicionalmente descriminalizados según el sistema de indicaciones (peligro de muerte para la mujer, violación de la misma, etc.) se suman las eufemísticamente llamadas interrupciones voluntarias del embarazo hasta cierto tiempo después de la concepción, con independencia absoluta de las circunstancias concretas de cada supuesto.

El recurso de amparo que los populares instaron ante el Tribunal Constitucional lleva unos seis años esperando respuesta. Mientras tanto, el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta en las Cámaras, pudiendo retornar a la legislación anterior sin esperar más tiempo, pero se abstuvo de hacerlo alegando que el recurso seguía sin resolverse. La verdad es, sin embargo, que se adujo como razón de la pasividad política lo que solo era un pretexto.

La sentencia del Tribunal Constitucional solo afirmará o negará la compatibilidad de la nueva legislación penal sobre el aborto. A ello se contrae el recurso interpuesto. Nadie puso ni pone en duda que el anterior derecho positivo, al que pretendidamente se quería regresar, no pugna con ningún precepto de nuestra Carta Magna.

Otro ejemplo reciente de confusión interesada respecto a las demoras del Tribunal Constitucional, esta vez procedente del PSOE, es la de repetir machaconamente que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra sobre la prisión perpetua revisable, por lo que nada podría hacerse mientras no se pronunciara en un sentido u otro. Este planteamiento no es correcto. Supuestas, naturalmente, la voluntad política y el necesario respaldo parlamentario, aquella pena podría extraerse del Código Penal sin problema alguno. Dicha prisión permanente pero revisable será constitucional o no, pero aún siéndolo, eso no implica que el legislador haya de acogerla preceptivamente en su arsenal positivo. Otra cosa es el temor a la reacción ciudadana en términos electorales, especialmente cuando parecen aumentar los crímenes más graves de violación y asesinatos de mujeres como muestras extremas de la violencia de género en muchas ocasiones.

Y nada más por hoy. Feliz Año Nuevo a todos mis lectores.