Una curiosidad en la reforma de la Constitución

Congreso

El Título X de la Constitución, dedicado tanto a su reforma como a su revisión total o parcial, establece dos vías según el alcance de los cambios. El artículo 167 se ocupa de la primera, que sería algo así como la general o, comparativamente, como una fórmula abreviada que ya se utilizó en dos ocasiones sin apenas suscitar polémica. Esas reformas deben ser aprobadas por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras y sólo si no hubiera acuerdo, se intentará alcanzarlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de diputados y senadores. A ellos les correspondería elaborar un nuevo texto que necesitaría después el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado y de la de dos tercios en el Congreso.

Como puede verse, todo se resuelve en el seno de las Cortes Generales, sin disolución de las mismas. Un referéndum final para ratificar la reforma sólo se precisa cuando se solicite, dentro de los 15 días siguientes, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Nada, o poco, habría que objetar a este procedimiento que parece equilibrado y relativamente sencillo. La apreciación varía, sin embargo, respecto a la tramitación especial del artículo 168, mucho más complicada.

Y es que el artículo 168, aplicable cuando se propusiese la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera, del Título I, o al Título Segundo, recoge las excepciones al artículo 167 y las somete a un régimen tan complicado que quizás se traduzca en un blindaje excesivo. Dejando de lado los derechos y libertades del Título I, aquí la polémica, arrastrada desde la misma promulgación de la Constitución en 1978, pero exacerbada en los últimos tiempos por el programa de Podemos y el independentismo catalán, se centra en la unidad de la Nación española y en la opción monárquica, presentes respectivamente en el Título Preliminar y en el II.

La reforma requiere entonces el apoyo de la mayoría de dos tercios en cada Cámara, lo que no se aparta mucho de la previsión inicial del sistema simplificado del artículo 167, pero las cosas se complican con la disolución inmediata de las Cortes. Los nuevos Senado y Congreso deben ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional para su aprobación por los dos tercios de cada una de las Cámaras. Y, por último, la revisión (aquí no se utiliza la palabra reforma) sería sometida a referéndum. Lo que para unos sería una regulación prudente y acorde con la importancia de la revisión, es criticado por otros como una disuasoria carrera de obstáculos que justificaría la búsqueda de cauces fuera de lo previsto en nuestra Carta Magna.

Y como resumen, nos encontramos con una regulación un tanto paradójica de la reforma y la revisión constitucionales. La revisión del Título X se tramitará por el procedimiento abreviado, eludiendo así el complicado procedimiento del artículo 168.

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