Fútbol argentino en Madrid y corte de la A-7 en Tarragona

La autorización o invitación a dos grandes equipos de fútbol argentinos, el River Plate y el Boca Junior, para jugar en el madrileño estadio Bernabéu la final de su Copa Libertadores, es algo sobre lo que se pueden tener opiniones diversas. Quizás sea para nosotros un tanto publicitario en el mundo del deporte. Y tal vez la hostelería y la restauración de la capital de España hayan obtenido pingues beneficios. En cuanto al corte del Paseo de la Castellana, por ejemplo, poco hay que decir. Quienes aquí vivimos ya estamos acostumbrados a esas molestias, un día sí y otro también, porque hay un desfile de bicicletas o una maratón a pequeña escala pero de larga duración. Pronto disfrutaremos, además, de las exhibiciones de patinetes eléctricos con los correspondientes cortes para el resto del tráfico rodado.

El partido en cuestión no hubiera merecido ningún comentario por mi parte si no fuera porque uno ha leído que para garantizar la seguridad de visitantes y madrileños se llegó a contar con varios miles de agentes de la autoridad. Puesto que tanto se habla de transparencia, nos gustaría saber a cuánto ascendió el gasto público a costa -¿cómo no?- de nuestros impuestos y si hubo alguna contraprestación económica por parte de aquellos equipos de fútbol o alguna institución argentina.

Pero lo que no nos casa bien es que en paralelo a este evento de política deportiva internacional, nos enteremos de que los matones de los Comités de Defensa de la República, CDR, muy próximos a los supuestamente incontrolados elementos de toda dictadura que se precie, cortaron durante 15 horas, este fin de semana, la llamada Autopista del Mediterráneo, la A-7, en la provincia de Tarragona, ante la pasividad de unos Mossos d’Escuadra sólo preocupados por calmar los ánimos de los camioneros y automovilistas en general.

No el deporte, ni siquiera el nacional, aparece entre los derechos fundamentales y libertades públicas proclamados en nuestra Constitución, pero sí, por el contrario, el derecho de todos los españoles “a circular libremente en el territorio nacional” (artículo 19), y eso son palabras mayores que afectan a la esencia misma del Estado. Más adelante, tras recordar que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, se indica que “ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español” (artículo 139). Que quede claro, las autoridades no pero los matones de los CDR sí.

Terminemos con dos preguntas muy simples. ¿Era más importante aquel partido de fútbol o la libre circulación por la A-7? ¿No hubiera sido más razonable el recurso a la fuerza pública para mantener abierto aquel pasillo mediterráneo en lugar del despliegue policial en la capital de España? El sentido común y el dicho popular sitúan a la obligación por delante de la devoción. También nuestra Carta Magna.