Los restos de Franco: relato con suspense

Demos por sentado que muchos españoles (o no tantos) tengan su personal opinión sobre la exhumación de los restos mortales del Generalísimo Franco, el Caudillo de España por la gracia de Dios según proclamaban las monedas de la época. Hoy se encuentran depositados en lugar preferente de la Basílica del Valle de los Caídos, no por deseo suyo, sino por haberlo dispuesto así quienes le sucedieron en la gobernanza de España. Para lograr una transición pacífica a la democracia se recurrió generosamente a la esponja, disimulando o borrando lo peor del pasado.

Y aceptemos también sin reservas que, nos guste o no la iniciativa del Gobierno en este caso, a los gobernantes les corresponden gobernar, de modo que su política en esta materia es perfectamente legítima, aunque su desarrollo haya de atenerse a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces los problemas surgen en cadena, particularmente porque al rechazo de toda colaboración por parte de la familia del difunto se suman las complicaciones por el último destino de los restos.

Hemos llegado a un punto en el que el debate sobre la exhumación ha dejado paso al de la determinación del lugar oportuno para la nueva  inhumación. La familia de Franco se pronuncia a favor de la cripta en la Catedral de la Almudena, donde disponen de un par de plazas desde que las compraron, como otros españoles, hace muchos años. Toda una sorpresa para la opinión pública, pero es de suponer que no para el Gobierno.

La Iglesia se declara dispuesta a permitir la exhumación en Cuelgamuros, pero nada ha dicho sobre la subsiguiente inhumación de los restos de Franco en la Almudena, a escasos metros del Palacio de Oriente.

Nos movemos en un terreno resbaladizo donde cualquier tropiezo podría tener graves consecuencias. La disposición sobre un cadáver o restos cadavéricos compete, al menos en principio, a los familiares del difunto si no hubiera última voluntad del mismo. Y si ante la pasividad de la familia fuera la Administración la llamada a resolver, habría de hacerlo no solo cuidando la dignidad del sepelio sino garantizando también el conocido “descanse en paz” de los muertos, obligación esta última no exenta de dificultades.

Nunca faltarán los visitantes por curiosidad o sintonía ideológica, pero habrá que prevenir igualmente actos delictivos de profanación, ultrajando o dañando, por ejemplo, las lápidas como se ve en el artículo 526 del Código Penal. Lo ocurrido días atrás en la Basílica del Valle de los Caídos, en donde alguien pintarrajeó la tumba de Franco, pese a la vigilancia a la que está sometida, no deja de ser un motivo de preocupación para el futuro.