Rebelión y violencia

Rebelión y violencia

Son muchos los problemas jurídicopenales que plantea la conducta de los jerifaltes catalanes que optaron por la declaración unilateral de independencia pese a las reiteras advertencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Gobierno y de las Cortes Generales. Pues bien, en ese comportamiento ilegal la cuestión más discutida y grave es probablemente la de la comisión o no de un delito de rebelión del art. 472 del vigente Código Penal por parte al menos de los cabecillas de la trama.

No estará de más por ello volver a dedicar algunas líneas a tan espinosa cuestión, pero ahora no para dar una opinión personal sobre la existencia o no de dicho tipo penal, lo que sería inoportuno cuando ya se ha acordado la apertura del juicio oral en la causa, sino como información sobre el “buenismo” del vigente Código Penal de 1995 al reformar esta figura
delictiva exigiendo explícitamente que el alzamiento para la declaración de independencia lo fuera “violenta y públicamente”.

La legislación penal española nunca había exigido violencia hasta 1995, aunque si, en ocasiones, que el alzamiento público se hiciera “en abierta hostilidad ante el Gobierno” (art. 167 del Código Penal de 1848, art. 238 de 1932 y art. 214 del Código Penal de 1944, por ejemplo), un requisito que incluso había desaparecido en el art. 214 del Código Penal de 1973, que
consideraba rebeldes a “los que se alzaren públicamente” sin referencia alguna a la hostilidad contra el Gobierno.

En resumen, el elemento expreso de la violencia en nuestro delito de rebelión es una novedad del Código Penal de 1995, inspirado seguramente en el principio de intervención mínima, pero, al margen de su discutible justificación en este caso, es evidente que toda la polémica sobre la existencia de un delito de rebelión en el proceso independentista de Cataluña se centra en la concurrencia del novedoso requisito. Dos son las grandes preguntas del momento. La primera es hasta qué punto cabe extender el concepto estricto de violencia a la intimidación y a la fuerza en las cosas. Y la segunda es si la violencia, en el supuesto de apreciarse, habría tenido una importancia predeterminadamente causal para llevar a buen término la declaración de independencia. Así las cosas, no están muy claras si el legislador de 1995 previó las consecuencias de su reforma.

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