Cumbres borrascosas

Tribunal Supremo

El Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la de lo Contencioso-Administrativo, pudo llevar a su Pleno, formado por 31 magistrados, la cuestión de quién deba pagar el tributo de Actos Jurídicos Documentados en las escrituras de hipotecas, si el banco o el cliente. Pero el señor Presidente no hizo uso a su debido tiempo de tal posibilidad y sólo reaccionó cuando ya se había dictado por la Sección correspondiente, de solo seis magistrados, pero  especializados en este tipo de conflictos, la sentencia que ahora, según se dice erróneamente, se trata de revisar. En  realidad sólo se revisaría su doctrina.

Si el polémico asunto solo hubiera sido objeto de un pleno convocado ad hoc, no tendríamos  problema alguno por eso de “habló Roma, causa terminada”, pero este pleno tardío ya no puede invalidar los efectos de una sentencia que ha ganado firmeza.

O sea, que únicamente servirá para sentar jurisprudencia con vistas al futuro, incluidas aquí las causas pendientes en la propia Sala Tercera del Tribunal Supremo. Una lamentable muestra de inseguridad jurídica que, repitámoslo, debió haberse evitado.

Las reacciones tardías también pueden empeorar las situaciones que pretenden corregir. Y si las decisiones judiciales se ofrecen a la opinión pública acompañadas de notas más o menos oficiosas o de rumores sobre presuntos movimientos tras las bambalinas, tanto peor. A los jueces solo hay que pedirles que interpreten la Ley y la apliquen con independencia. Esas apelaciones a la mesura y al espíritu de concordia valen para las formas pero no para las convicciones.

Parece que hay algunas otras sentencias, aún no publicadas, de estos mismos magistrados, que se pronuncian en el mismo sentido que la protagonista de este importante debate a nivel nacional. Sin esta tardía intervención del Pleno, que favorece inequívocamente a los bancos por el posible cambio jurisprudencial de criterio, ya tendríamos una respuesta clara: el pago recaería sobre los bancos. Otra cosa serían los flecos pendientes como el de la retroactividad y el de las posibles reclamaciones iniciales del particular a las Haciendas Autonómicas.

El hombre de la calle sospecha que si la sentencia que ha originado el revuelo hubiera fallado a favor de los bancos, nos habríamos evitado el culebrón. El cliente, sin muchos medios para articular su discrepancia, pagaría el obligado acatamiento de la sentencia. Lo que no debe hacernos olvidar, y con esto acabo, que no solo están en juego los euros del cliente bancario sino también los de centenares de miles de pequeños accionistas que han perdido en un par de días el 10 o el 20% de sus ahorros, bastante más de lo que significa comparativamente el impuesto de Actos Jurídicos Documentados en una hipoteca.

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