Los restos de Franco

Dejemos a los especialistas el debate acerca de si la ampliación de la Ley de Memoria Histórica, pensando expresamente en la extracción de los restos de Franco en el Valle de los Caídos, era algo tan urgente como para acudir al cauce excepcional del real decreto-ley, algo sobre lo que únicamente podría pronunciarse el Tribunal Constitucional si recurriera una parte legitimada para ello. El objeto de esta columna es otro.

Lo cierto y verdad es que los promotores de la exhumación aducen por boca de la vicepresidenta Carmen Calvo que se trata de una obligación para cualquier democracia “digna consigo misma”. La expresión es un poco rara, pero se entiende. Lo que ya no se comprende tan fácilmente es que, a partir de ahí, en lugar de acordarse la exhumación de esa persona concreta, como dictador, tirano o genocida (utilícese aquí el vocablo que el lector considere más apropiado) acabemos dando un rodeo para negar a Franco la permanencia en Cuelgamuros porque su sepelio allí no habría respondido a haber sido víctima de nuestra guerra civil.

Desde tal planteamiento la exhumación de los restos cadavéricos del general Franco no se debería a los argumentos de fondo utilizados a lo largo de esta polémica nacional. La motivación real aparece efectivamente en la motivación del real decreto-ley, pero no se refleja en el texto positivo de la reforma, donde sólo se precisa que aquel lugar estaría reservado a “las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española”, condición que el Caudillo no cumpliría. Quizás hubiera sido preferible utilizar, en su caso, la línea recta.