¿Un esperpento penitenciario?

Según el artículo 25.2 de la Constitución, las penas de prisión se orientarán hacia la reeducación y reinserción social. Conforme al artículo 59 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el tratamiento consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas al logro de la reeducación y reinserción social de los internos para que en el futuro respeten las Leyes penales. El artículo 63 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone también que para la individualización del tratamiento se realizará la clasificación del penado en primer grado, segundo o tercero, y resta la libertad condicional en su caso. El artículo 71 de esta misma Ley subordina el régimen de cumplimiento al grado de clasificación: cerrado, ordinario, de semilibertad o abierto. Como es lógico, la administración penitenciaria, tanto la nacional como la catalana, cuentan con especializados equipos de profesionales para responder a las exigencias del tratamiento.

Todo lo anterior es archisabido, pero lo que quizás no haya llamado suficientemente la atención es el absurdo de que la reinserción social de los gerifaltes independentistas procesados como posibles autores de delitos de rebelión, sedición o malversación en el desarrollo de un golpe de estado, acabe confiándose a unas instituciones autonómicas que no consideran a sus autores como delincuentes necesitados de resocialización, sino héroes nacionales encarcelados por sus ideas políticas. Uno ha leído que incluso algunos directores de los establecimientos penitenciarios catalanes se han adornado con un lacito amarillo poco acorde con el esfuerzo resocializador que también en estos supuestos demandarían la legislación estatal y la división de poderes. Así, a primera vista, algo inconcebible.

Verdad es que un preso preventivo no es un penado, pero le afectan las previsiones del artículo 64 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y es de suponer que los penados, de haberlos, continuarían en la órbita de la administración penitenciaria de Cataluña.