Derecho a morir

Ramón San Pedro

La reciente presentación en el Congreso de los Diputados de una proposición de Ley para despenalizar la eutanasia puede ser un paso en la buena dirección, pero se queda corto. La controversia sobre la eutanasia, que significa etimológicamente muerte dulce, suele centrarse en la muerte digna e indolora de enfermos terminales. Es, sin duda, un problema de hondo calado tanto personal como socialmente, pero solo periférico para la cuestión de fondo: la disponibilidad sobre la propia vida o, sobre la propia muerte.

Nuestro gran penalista y destacado socialista Luis Jiménez de Asúa publicó a último de los años veinte un inquietante librito con el título de “Libertad de amar y derecho a morir”, y desde que lo leí de joven no me ha abandonado la preocupación por este último derecho. Hoy, cuando el entonces lector está cerrando su ciclo vital, aunque sin particulares dolencias o carencias, aquella proposición de Ley, acorde con los ordenamientos penales de otros países de nuestro entorno, creo llegado  el momento de esbozar algunas reflexiones.

Nada tengo que objetar a los reparos religiosos, en especial si la correspondiente creencia ha sido libremente aceptada, y bien cabe decir algo similar por lo que atañe a las concepciones morales, pero siempre que en ambos casos no impongamos a los demás unos dogmas que no son suyos. Creo que el derecho a morir es tan personalísimo como irrenunciable, sin que su existencia pueda negarse a partir de enseñanzas o razonamientos más o menos respetables pero ajenos en todo caso a la validez universal del conocido imperativo categórico  de Kant.

El suicidio, también el frustrado, no es delito en la mayoría de los códigos penales, empezando por el nuestro, aunque pueda constituir gravísimo pecado en términos religiosos. De ahí que para castigar a los inductores, cómplices y ejecutores materiales haya habido que tipificar explícitamente sus respectivas conductas. Se consigue así un cierto efecto disuasorio, pero subsiste el problema de fondo. Aunque quepa buscar remedio en el extranjero y pese a que los tribunales españoles apliquen estrictamente el in dubio pro reo (recuérdese el caso de Ramón San Pedro, llevado al cine con Javier Bardem como protagonista) se produce, a mi entender, una discriminación que sufren en especial quienes dependen de la colaboración de terceros para cumplir sus deseos.

Si, ya sé que puede haber inducciones interesadas y decisiones muy condicionadas por las circunstancias del momento. Tampoco ignoro, entrando ya en regulaciones oficiales, y por poner un ejemplo, que las instituciones penitenciarias están obligadas legalmente a velar “por la vida” de los internos, lo que se traduciría en su deber de hacer todo cuanto sea necesario para impedir un suicidio. Olvidando, sin embargo, que el derecho a la propia muerte no se ve afectado por la sentencia condenatoria.

Es evidente que el apartarse lo más mínimo de los principios tradicionales y de su proyección práctica en la sociedad, tal y como ha venido ocurriendo hasta ahora, abre perspectivas más que preocupantes, pero la mera prolongación de la vida humana hasta edades muy avanzadas aconseja insistir en factores relativamente nuevos como el tedio, el cansancio anímico y hasta la insoportable expectativa de unas experiencias repetidas hasta el hastío.

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