Las declaraciones de la magistrada Mercedes Alaya

Gran repercusión mediática han tenido las últimas declaraciones de la magistrada sevillana Mercedes Alaya sobre las deficiencias y problemas de nuestra Justicia penal, partiendo para ello de sus experiencias como juez de instrucción en la mastodóntica causa por una posible corrupción institucionalmente generalizada y con un amplio trasfondo clientelar en Andalucía.

Comprendo que un vocal del Consejo General del Poder Judicial dude sobre la valoración de aquellas manifestaciones y la oportunidad de hacerlas, preguntándose si benefician o no a la jurisdición. Fui vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces y conozco bien tanto sus contradicciones internas como su vinculación original con un Poder Legislativo demasiado próximo al Ejecutivo. Me limito por ello a resaltar el gran esfuerzo realizado por Mercedes Alaya para cumplir con sus obligaciones profesionales cuando estas afectaban directamente al primer partido de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en sintonía política durante años con el Gobierno del Estado.

Mercedes Alaya ha sido un buen ejemplo de juez rodeado de Poder Ejecutivo por todas partes. El fiscal de turno ha de seguir las instrucciones del Fiscal General, nombrado por el Gobierno. Del Ministerio de Justicia dependen los ahora Letrados de la Administración de Justicia, antes Secretarios Judiciales. Todo lo concerniente al resto del personal, al igual que la prestación de medios materiales, ha sido transferido a la Comunidad Autónoma, y así sucesivamente. Si se me permite la expresión, la juez instructora estuvo sola ante el peligro representado por una investigación tan compleja como difícil, además de políticamente condicionada. Una situación que no se corrige con jueces más o menos bisoños o con otras soluciones por el estilo, ayudas puntuales y temporales de escasa eficacia cuando ya los sumarios o diligencias llenan decenas de miles de folios. Pero dejémoslo aquí.

Lo que si quiero afirmar es que, con independencia de cómo se opine sobre aquella instrucción, coincido ampliamente con la magistrada Alaya en muchas, si no en todas, de sus consideraciones sobre las deficiencias y carencias de nuestro ordenamiento jurídico en su cotidiana práctica penal. Creo, como ella, que con la ley en la mano y teniendo en cuenta los hechos probados y la presunción de inocencia, ni era ni es fácil (aún quedan recursos por delante) condenar por agresión sexual a los indeseables miembros de “la manada”. Cada caso es único y no puede resolverse aplicando plantillas o protocolos. La credibilidad de la pretendida víctima es, de otro lado, un elemento esencial en la persecución de estos delitos, por lo que resulta inexcusable un mínimo conocimiento de sus circunstancias personales, al margen de que, efectivamente, un “no” sea un “no”. Las mujeres mienten más o menos como los hombres, consecuencia lógica de la igualdad de sexos, y la determinación exacta de la pena, al igual que la cuantía de la indemnización correspondiente dependen de lo acreditado en el juicio oral.

Pero lo más grave para la independencia judicial son las negativas repercusiones que sobre la vida profesional de los magistrados puedan tener estas críticas, en ocasiones manipuladas y voceadas sin haber leído siquiera la sentencia o resolución judicial. La manifestación callejera está de moda, así como la información sesgada y la explotación política de cualquier asunto que a ello se preste. Ya me he referido en algún otro artículo a los peligros de ese “sano sentimiento popular” al que también alude el insigne penalista Muñoz Conde en su renuncia como miembro de la Comisión General de Codificación. Todo este alboroto era previsible para los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra que coincidieron en la inexistencia del delito de agresión sexual, si bien dos de ellos apreciaran el de abusos sexuales.

El voto particular del magistrado partidario de la absolución plena no es ningún disparate y está bien razonado, lo que no ha sido óbice para que algunas organizaciones feministas hayan llegado a pedir la inmediata inhabilitación profesional del réprobo. La inusual longitud del voto parece indicar que su autor intuía lo que le podía ocurrir por cumplir honestamente con su obligación de conciencia. Desconocemos cual sea el problema que el Ministro de Justicia le atribuye, pero seguro que no consiste en dictar resoluciones a la ligera. En fin, los magistrados que se ocupen de los recursos ya saben lo del remojo de las barbas de tu vecino.

Lamento también, como la magistrada Mercedes Alaya, que el tercer grado penitenciario se haya convertido en muy poquita cosa, contribuyendo así a la percepción ciudadana de que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, sea en la sede judicial o en la cárcel. La verdad es que tal grado o, si se prefiere, el régimen abierto o de semilibertad que comporta, se utilizó en primer lugar para que pudieran trabajar fuera de la prisión quienes, pese a su buena conducta y a su derecho a un tratamiento resocializador, no encontraban la ocupación debida en el propio centro. Lástima, pues, que el tercer grado se haya reducido hoy en muchos supuestos a echar una firmita de vez en cuando y donde le resulte más cómodo al penado.

Yo fui testigo privilegiado cuando se reformó la Ley Orgánica General Penitenciaria para lograr que el juez de vigilancia pudiera pronunciarse, aunque sólo si el fiscal recurriese, sobre la concesión de un tercer grado cuyo disfrute nunca impugnará el beneficiado. Antes no se le comunicaba siquiera esta clasificación al juez de vigilancia, al menos oficialmente. Todo era Ministerio de Justicia, o sea, poder ejecutivo, central o autonómico, desde arriba hasta abajo.

También coincido con la magistrada Mercedes Alaya en la defensa de la prisión permanente revisable para quienes, por ejemplo, repiten sus violaciones y asesinatos en una planificación conjunta. Algo que es perfectamente compatible con rechazar que el castigo de la violación, cualquier violación, acabe superando a la prevista para el homicidio. Y me sorprende igualmente, en otro orden de cosas, que la prevaricación con trasfondo económico o de beneficio propio se nos haya alejado tanto del delito de cohecho que suele acompañarla o consumirla.

Me temo que, llegados a este punto, cansados estemos tanto el lector como el articulista. Seguiremos otro día.