La marmota en la política catalana

La investidura en segunda votación del diputado Quim Torra como nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña no ha sido una sorpresa. Los anticapitalistas de la CUP acabaron dando prioridad a su radicalismo independentista sobre su ideología antiburguesa. Hemos regresado a la situación de hace unos meses con el referendo ilegal que no iba a celebrarse, pero se celebró, la pública advertencia del Rey Felipe VI ante la pasividad de nuestros gobernantes y, por fin, la tardía y timorata aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El escenario autonómico no ha cambiado mucho desde entonces. Los más relevantes medios de comunicación catalanes, mayoritariamente en la órbita del separatismo radical y unilateral (materializado además como delito de rebelión si, como entiende nuestro Tribunal Supremo, se le suma la violencia) han proseguido sin obstáculo alguno sus labores de adoctrinamiento, cuando no de odio contra el resto de España. Es evidente, de otro lado, que la desobediencia a las resoluciones de nuestros tribunales en materias tan cualificadas como el bilingüismo tampoco ha sido corregida durante estos meses.

Pero lo peor es que como resultado de esos factores y de otros que sería cansino enumerar el constitucionalismo no ha avanzado un ápice. Ahí están el resultado de las últimas elecciones y las más recientes encuestas sobre las expectativas de voto si hubiera que acudir de nuevo a las urnas en estas fechas. Más separatismo en un parlamento con vergonzosas servidumbres externas.

Confiemos en que al menos este aspecto del problema acabe finalmente con una solución satisfactoria para todos, pero hagámoslo, si es que nos atrevemos, con la mayor cautela. El expresidente Puigdemont, que era visto desde la acera madrileña como un catamañanas que hasta habría reconocido privadamente su fracaso, se ha convertido en el padrino político del nuevo presidente. Puigdemont continuaría moviendo desde el extranjero los hilos de su marioneta en Barcelona.

El futuro dista mucho de ser prometedor. Se pretende reanudar en la Cámara el proceso independentista interrumpido por la aplicación del artículo 155, como si la autonomía fuera una receta definitivamente descartada, pero cabe exigir del Gobierno, de las Cortes Generales y del Poder Judicial (cada uno en su ámbito) que impidan de inmediato, y no como ocurrió anteriormente, que las instituciones autonómicas actúen fuera de sus competencias. Y pienso, por ejemplo, en la reapertura de las “embajadas” como centros institucionales de prensa y propaganda separatistas.

Habrá que dar a la Política, y no a la Justicia, lo que político es. Sin violencia –hablamos del futuro para evitar polémicas sobre el pasado- no hay rebeldía en el Código Penal español. Tampoco existe ningún obstáculo para defender la independencia de Cataluña mientras que se respete el marco constitucional. Ahí tenemos al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, al Tribunal Superior de Cataluña, a la Audiencia Nacional y a otros órganos judiciales, pero Justicia es precisamente dar a cada uno lo suyo. Y eso significa que también el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo han de enfrentarse debidamente al reto separatista, cada uno en lo que le corresponda.