Presos provisionales y procesados por rebelión: suspensión automática en el cargo

Puigdemont puede ser el payaso cascabelero que uno de nuestros mejores viñetistas nos dibuja casi cotidianamente en un conocido diario de ámbito nacional, pero desgraciadamente es también y en todo caso la pieza angular en el rompecabezas del catalanismo separatista con o sin delito de rebelión. Nada de lo ocurrido últimamente debería haber sido una sorpresa para nadie. Hasta tuvimos un ensayo general con un primer referendo sobre cuya efectiva celebración hay todavía diversas opiniones.

Recomendaba Nietsche evitar los avisperos, añadiendo, sin embargo, que si se deseaba acabar con uno de ellos lo mejor era hacerlo con toda rotundidad y aceptando de antemano sus consecuencias. Y aquí, con el Puigdemont y todos sus acólitos, no hemos seguido el consejo. Puigdemont es mucho más que un pájaro pinto y alocado. Su detención a tiempo, simultáneamente a la de otros capitostes de inferior rango en este golpe de estado incruento, nos habría ahorrado muchos disgustos. Por no hablar de la marca España.

Puigdemont es diputado del Parlamento Catalán porque disfrutaba del derecho de sufragio pasivo como cualquier español mientras que la legislación y los tribunales no dispongan otra cosa. Cabe preguntarse por ello si a pesar de su voluntario exilio continúa recibiendo los correspondientes emolumentos, al igual que otros diputados en similar situación. Cuestión totalmente distinta, y que en este momento no interesa, es la de si su elección como Presidente de la Generalidad exige un debate de investidura con participación presencial en el más estricto sentido de la expresión. El Consejo de Estado acaba de pronunciarse subrayando el carácter esencial de dicho requisito.

Ahora nos referimos únicamente a la pérdida de la condición de diputado del señor Puigdemont por aplicación del artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, obra de la Ley Orgánica 4/1988, en determinados supuestos entre los que se incluye la rebelión. A su tenor, con la concurrencia de la prisión provisional y del procesamiento por tal delito, esa persona concreta “quedará automáticamente suspendida en el ejercicio de la función o cargo público que estuviere ejerciendo, mientras dure la situación de prisión”.

No es la primera vez que traigo a colación este artículo y no se me ocultan los problemas interpretativos en materia tan delicada, pero contra la posible investidura del señor Puigdemont como Presidente del Parlamento de Cataluña parece argumentarse solo desde el punto de vista constitucional, como si el tan repetido artículo 384bis, nacido en los peores tiempos de la ofensiva etarra no existiera. Por cierto –y ahí queda el apunte- entonces, pese a buscarse la segregación de parte de España a golpe de terrorismo, versión extrema de la violencia, el delito de rebelión no jugó ningún destacado papel.