La justicia del pueblo

Protestas

La Audiencia Provincial de Navarra no ha condenado a los miembros de “la Manada” por violación, sino como autores de un delito de abusos sexuales castigado con menor pena. La sentencia ha caído tan mal entre amplios sectores de la población que se multiplican las manifestaciones callejeras y ante las sedes judiciales para expresar no solo su disconformidad con la decisión judicial, sino también la necesidad urgente de exigir responsabilidades, incluso penales, a los miembros de aquel tribunal y acercar la justicia al sano sentir popular. Ciertamente, la democracia española no se presta a tal doctrina, pero ya la mera aproximación a la misma debiera hacernos reflexionar. Se están cuestionando nuestro Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial.

Valga añadir como entradilla que los tres magistrados navarros han conocido de todos los aspectos del proceso a lo largo de varios meses de valoración de pruebas y de interpretación de nuestra vigente legalidad, mientras que los que critican multitudinariamente la sentencia ni siquiera se han leído su motivación, aparte de conocer sólo por oídas lo que significan, guste o no, la tipificación de las conductas y la presunción de inocencia. Por lo demás, y dada la influencia de la política sobre el nombramiento de los altos cargos judiciales, tampoco podían ignorar dichos magistrados que su sentencia no les beneficiaría profesionalmente.

Todavía no se ha dicho la última palabra sobre la cuestión, pero habrá de reconocerse que, con acierto o no, la decisión de los miembros de la Audiencia Provincial de Navarra está razonada y que sus autores sabían muy bien a lo que se exponían por resolver en conciencia. Veamos a continuación algunos de los problemas jurídicos que el caso plantea no solo a nivel judicial, sino también y de modo especial en lo que atañe a nuestra legislación.

La “agresión sexual” consiste en atentar contra la libertad sexual de otra persona “utilizando violencia o intimidación” (artículo 178 del Código Penal de 1995) y su manifestación más grave es la violación cuando aquella “consistiera en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objeto por alguna de las dos primeras vías” (artículo 179). En el caso de autos resulta indiscutible que hubo yacimiento y acceso carnal por varias vías, pero la Audiencia Provincial de Navarra sostiene (en este punto por unanimidad) que los hechos no pueden ser calificados como violación por faltar en ellos la violencia o intimidación.

La condena, por dos votos contra uno que se pronunció a favor de la absolución, considera, no obstante, que la conducta enjuiciada llena la figura delictiva de “abuso sexual” pues, si bien no hubo violencia o intimidación, tampoco habría habido consentimiento. Literalmente “sin violencia ni intimidación y sin que medie consentimiento (artículo 181.1), una expresión cuyo sentido se oscurece al recogerse a renglón seguido la misma pena “cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima (artículo 181.3). Con la novedosa referencia al consentimiento, ausente del código anterior, se complica la regulación legal, se dificulta su interpretación y, en definitiva, se suscita la actual polémica.

El Código Penal de 1971 había mantenido la línea tradicional en el sentido de que la violación exigía el uso de “fuerza o intimidación”, o situaciones similares como la privación de razón o sentido de la víctima o su corta edad (artículo 429). Después se castigaban con inferior pena los abusos sexuales, entre ellos el acceso carnal, con el prevalecimiento de superioridad como elemento básico (artículos 434 y ss). El consentimiento no se mencionaba siquiera. A partir de aquel acceso, lo determinante para calificar los hechos como violación era sencillamente la existencia de fuerza o intimidación. No había muchas cuestiones colaterales.

Volviendo al Código Penal de 1995, el texto de su artículo 181, dentro ya de los meros abusos sexuales y, consiguientemente, fuera de la violación como agresión sexual, tipifica conductas en las que no concurren las repetidas fuerza o intimidación, pero tampoco han sido consentidas. Y aquí, entre un supuesto y otro, se ubica la previsión del artículo 181.1 y 3, ejemplo de equilibrio inestable y deficiente técnica legislativa. La víctima de “La manada” no habría dado su consentimiento pero tampoco habría quedado acreditado el uso de la violencia o la intimidación propiamente dichas.

Bienvenida sea una reforma legal que mejore la redacción del Código Penal en esta materia, pero no porque el texto de 1995 haya quedado obsoleto, sino, más bien, por las muchas deficiencias de su articulado. La verdad es que dicho texto, que se nos presentó como ejemplo a seguir por todos los países de nuestro entorno, ha sido un fiasco en líneas generales. Fue el producto final de muchos años de elaboración al margen de la Comisión General de Codificación, sustituida siempre por equipos próximos al ministro de turno. Confiemos en que esta vez se actúe con mayor acierto y vocación de permanencia.

En todo caso, y como colofón, no creo haber conocido un juicio paralelo de tales dimensiones, con el apoyo además de destacadas personalidades políticas y del Poder Ejecutivo. Un juicio paralelo que afectará también a cuantos magistrados hayan de resolver los previsibles recursos. Es decir, ya saben lo que les espera si confirmaran la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. Un panorama que tampoco parece muy alentador si se repara en lo que el prestigio de la justicia española significa en relación con el separatismo catalán y la entrega de quienes investigados por rebelión u otros delitos, se encuentran actualmente en el extranjero.

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