El Tribunal Constitucional, el aborto y las promesas electorales

Aborto libre

Hace siete u ocho años -ya no me acuerdo bien- la ley socialista que ampliaba los supuestos de aborto descriminalizado fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP. Aquella destipificaba determinadas conductas que habían sido consideradas delictivas hasta entonces, mientras que los recurrentes pretendía regresar a la vieja y más severa normativa. El resultado ha sido que a lo largo de este compás de espera el PP prescindió de toda ulterior iniciativa para volver a la anterior situación jurídico-penal so pretexto de que la estimación de su recurso sería un requisito previo e inexcusable para abordar la cuestión en nuestras Cortes Generales.

La argumentación del PP para no cumplir su promesa electoral no es, sin embargo, correcta. Toda ley, también el Código Penal, ha de respetar la Constitución, pero eso no significa, por continuar con nuestro ejemplo, que una declaración de constitucionalidad de la vigente ley socialista sea determinante para abordar su reforma si se cuenta con el correspondiente apoyo parlamentario. El hecho de que una destipificación no tropiece con ningún obstáculo constitucional no obsta para que también las anteriores figuras delictivas fueran acordes con nuestra Ley Fundamental. El PSOE no descriminalizó determinados supuestos de aborto por ser inconstitucionales sino porque en su opinión y de tejas para abajo se trataría de una opción lícita y mejor que la contraria. No habría choque de trenes en el ámbito constitucional.

Estos días somos también testigos de un intento de desviar hacia el Tribunal Constitucional, ahora por parte del PSOE, toda la problemática de la prisión provisional revisable. El PP, que la llevó al Código Penal mediante la Ley Orgánica 1/2015, considera que es una pena constitucionalmente impecable, criterio que, dicho sea de paso, el autor de estas líneas comparte. Pero el POSE quiso primero esperar por si acaso hasta la resolución del recurso.

Uno confía, ingenuamente, en que las promesas electorales se cumplan y en que, si no fuera así por razones tácticas o políticas en la peor acepción del término, las excusas tendrían una mínima consistencia. Lo que no vale es aprovechar los retrasos del Tribunal Constitucional como pretexto hasta que la oferta caiga totalmente en el olvido o ya no pueda cumplirse porque la relación de fuerzas en las Cortes Generales ha cambiado sustancialmente desde entonces. Sean, pues, bienvenidos los recordatorios en una cuestión que afecta nada menos que a la vida de seres humanos, aunque no hayan nacido todavía. No se comparte la opinión de aquella ministra para la que los fetos eran seres pero carentes de humanidad. Serían seres pero no seres humanos.

Se calcula que el número de abortos voluntarios se aproxima en España a los 100.000 anuales, por lo que es una lástima que el Tribunal Constitucional no haya podido pronunciarse sobre tan delicada cuestión durante los último siete u ocho años. No estaría de más preguntarse, puesto que la justicia tardía no es justicia, lo mismo en un juzgado de paz que en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Constitucional, si no ha llegado el momento de reflexionar sobre la composición y la competencia de este último, proporcionándole cuantos medios personales y materiales exija su buen funcionamiento, así como modificando, en caso necesario, la propia Constitución.

La manifestación madrileña hace unos días a favor de la vida humana ha sido un acicate para redactar estas líneas.

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