La suspensión de Puigdemont y compañía

Puigdemont en la cárcel

El artículo 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nace con la Ley Orgánica 4/1988, en los tiempos más duros de la lucha contra ETA. Me ocupé de esta cuestión en una columna de 7 de febrero pasado, pero tal vez sea conveniente volver sobre ello tras los autos de procesamiento dictados por el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

“Artículo 384 bis.

Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.”

Pues bien, ya teníamos a algunos independentistas catalanes con prisión decretada, aunque en determinados supuestos como el de Puigdemont la resolución judicial no haya podido ser ejecutada hasta ahora. Pero decretada está. De otro lado, hace solo unos días a la repetida prisión se han sumado los procesamientos. No hay razón para que la suspensión prevista en dicho artículo se retrase más allá de la firmeza del auto de procesamiento.

Si esto es así, como efectivamente lo es, la suspensión en la función o cargo público deviene automática. Cierto es que el texto legal admite matizaciones en determinados casos, como el de la prisión provisional eludible mediante fianza, pero sorprende que las declaraciones oficiales u oficiosas de nuestros gobernantes, al igual que las de nuestros políticos más destacados, no se hayan ocupado siquiera de esta posibilidad. Algo que se repite con los editorialistas y articulistas de nuestros medios de comunicación. El silencio sobre la aplicación de este precepto ha sido la tónica general.

Sin excluir, como se ha dicho, un margen de interpretación según la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico, lo cierto es que muchos de los problemas sobre el futuro parlamentario de Puigdemont y sus colegas desaparecerían con la aplicación de este artículo 384bis. Sus efectos no se reducen a la suspensión misma sino que se extienden también al no desempeño del cargo mientras que aquellas dos condiciones persistan.

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