Que cada palo aguante su vela

El desenlace del embrollo catalán no sigue una línea recta. Puigdemont y compañía nos obsequian un día sí y otro también con una nueva pirueta. Nunca sabemos en qué consistirá la próxima ocurrencia, pero hay razones para pensar que estaban previstas. Las diferencias entre los tres partidos independentistas no son un secreto para nadie, aunque parece que han elaborado una hoja de ruta para responder a las diversas contingencias con que su golpe blando de Estado pudiera encontrarse.

Vamos de sorpresa en sorpresa. Tenemos la sensación de que hemos dejado la iniciativa a los separatistas, de forma que nuestras medidas, incluida la excesivamente demorada y limitada aplicación del artículo 155 de la Constitución, van muy a remolque de los acontecimientos. La aplicación del repetido tantra de la proporcionalidad ha pecado por defecto y no justifica ni tanta pasividad ni tanta tardanza en la respuesta.

Y así hemos llegado a la situación actual, consecuencia lógica del apaciguamiento a ultranza, así como de mirar hacia otro lado. Se peca por acción o por omisión. En este caso la acción ha brillado por su ausencia durante muchos años. Las esperanzas depositadas casi exclusivamente en el Código Penal, amén de la demora de la Fiscalía en instar la persecución de determinados delitos, han sido un lamentable error.

Por ceñirnos al delito más grave de los atribuidos a la cúpula del separatismo, bien merece una explicación el fiasco de la orden europea de detención contra Puigdemont y algunos de sus adláteres, retirada poco antes de que las autoridades belgas se pronunciaran sobre su entrega. Y lo mismo puede decirse de la inactividad ante el viaje de este señor a Dinamarca, el anticipado anuncio oficial de Suiza sobre la no extradición de una fugitiva o el reciente traslado de otra desde Bruselas a Escocia para dar clases en alguna universidad. Son movimientos, todo ellos, que probablemente se relacionen con una negativa circunscrita al delito de rebelión.

La verdad es que la rebelión, con ese nombre u otro, exige, lo mismo en España como en el Derecho comparado de nuestro entorno, el uso de la violencia como medio para obtener sus fines, sobresaliendo entre estos el de romper la integridad del país. No basta con haber admitido la mera posibilidad de que la violencia se produzca en un episodio concreto y sin relevancia causal en el proceso independentista.

De lo que por violencia se entienda en este contexto dependerá finalmente la suerte de los golpistas españoles enjuiciados por rebelión. Repárese, de otro lado, en que la posible reiteración en ese mismo delito es el argumento utilizado para acordar la prisión provisional incondicional de alguno de los imputados. Aquí, como se dice en el argot taurino, hay que atarse los machitos, porque no se trata de lo que nos gustaría, sino de la correcta resolución de un problema jurídico aunque aderezado con perturbadores componentes políticos.

La comisión de un delito de rebelión dista bastante de estar clara, lo que no significa descartar su existencia. Nos remitimos de nuevo al Derecho comparado y a las reservas expresadas por algunos juristas y políticos españoles, pese a saber de antemano que sus opiniones no serán bien recibidas. Recuérdese la campaña de desprestigio sufrida por el juez López Guerra, que votó junto a los demás miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la denominada “doctrina Parot”.

Permítaseme por último una consideración. La violencia de la rebelión podrá interpretarse de modo más o menos estricto, pero en cualquier supuesto constituye elemento esencial del delito. De ahí que en los ámbitos penal y procesal penal tenga muy escasa relevancia el que se renuncie o no a la independencia unilateral por medios pacíficos. Cada poder del Estado debe asumir sus propias responsabilidades. El juez Llarena solo ha de tener aquí el protagonismo que legalmente le corresponde. Cosa suya eS autorizar o denegar el permiso para que un preso preventivo acuda a una sesión del parlamento catalán, pero sin insinuar siquiera lo que en el segundo caso debiera acordar dicho órgano legislativo.