A vueltas con la prisión permanente revisable

La prisión permanente revisable entró en nuestro Código Penal con su reforma por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. La incorporación de la prisión permanente revisable (o prisión perpetua revisable) a nuestro arsenal punitivo nos homologaba con el derecho comparado europeo (Alemania, Francia, Italia, Austria, Suiza, Reino Unido, etc.), donde en ocasiones esta pena vino a sustituir a la pena capital, simultáneamente abolida. España no habría hecho otra cosa que seguir el ejemplo, aunque con considerable retraso.

Los países citados son democracias que no encontraron obstáculo alguno para proceder así, por entender que ni la Declaración Universal de Derechos Humanos ni el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales se oponían a ello. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dicha pena sería perfectamente compatible con los derechos proclamados en los mencionados textos internacionales siempre que su cumplimiento efectivo pudiera cesar a partir de ciertas condiciones temporales y de un pronóstico favorable de resocialización.

Es la misma posición mantenida por nuestro Tribunal Constitucional respecto a la extradición de personas condenadas o a las que pudiera condenarse con la repetida pena. La extradición sólo será concedida si su ejecución no fuera “indefectible de por vida”. También nuestro Tribunal Constitucional ha rechazado que tal pena sea en si misma inhumana o degradante.

Pero hay más. La pena de reclusión perpetua entró en el ordenamiento jurídico español cuando diez años atrás ratificamos el Estatuto de Roma con su Corte Penal Internacional. Aunque hiciéramos una reserva en el sentido de que no podría ser cumplida en España por encima del límite máximo de nuestra prisión temporal, es lo cierto que los jueces españoles están obligados a imponer la reclusión perpetua en casos de especial gravedad. Y, naturalmente, una vez recogida en nuestro Código Penal la prisión permanente revisable, sería lógico retirar aquella limitación.

Si la prisión permanente revisable, con esta u otra denominación, no pugna ni con los Convenios internacionales de los que somos parte (como las grandes democracias europeas) ni con nuestra Constitución, y si están a favor de esa pena la inmensa mayoría de los españoles, no se explica bien la numantina oposición de algunas formaciones políticas más proclives al adoctrinamiento de los suyos que a legislar conforme a lo muy mayoritariamente deseado por la ciudadanía. En los países arriba mencionados ha habido gobiernos de todo signo y color, pero hace ya mucho tiempo que la alternativa entre el mantenimiento o la abolición de esta pena dejó de ser objeto de debate.