La suspensión de Puigdemont

Las penas de inhabilitación y suspensión de cargo público, como cualesquiera otras, no pueden ejecutarse mientras que la sentencia que las impuso no haya ganado firmeza, algo que se retrasará más o menos según los recursos de que se disponga en cada caso. Lástima que esa regla general y sin excepciones lleve con frecuencia a un tardío cumplimiento que de poco sirve en relación con las circunstancias inmediatamente posteriores a los hechos enjuiciados. La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, le permitió suspender en sus cargos o empleos públicos, directamente, a quienes desobedecieren sus resoluciones. No se trataría de una pena pero tendría igual efecto en la práctica.

La verdad es, sin embargo, que el Tribunal Constitucional se ha resistido a usar tal medio coactivo, limitándose a imponer en algún supuesto la multa prevista también en esa misma reforma y para la misma negativa a cumplir lo ordenado. Como se trata de una posibilidad solo aplicable a las desobediencias, escaso interés presenta actualmente en el complicado escenario político-institucional de Cataluña, donde el protagonismo corresponde al delito de rebelión. Sirvan, no obstante, las anteriores líneas como introducción al siguiente comentario sobre el artículo 834.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del que nadie parece acordarse.

Según dicho precepto, obra de la Ley 4/1988, de 25 de mayo, “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviera ostentando función o cargo público, quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. El precepto no contempla la sedición.

Este columnista comparte las dudas de numerosos juristas y políticos, desde Enrique Gimbernat a Felipe González, acerca de que el secesionismo catalán haya recurrido a la violencia como medio para llegar a la proclamación de una República desgajada de España, pero las imputaciones del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, incluyen el delito de rebelión, por el que bien cabría decretar tanto la prisión como el procesamiento de Puigdemont y sus adláteres.

El procesamiento se acordará, según el artículo 384, desde que del sumario resultase algún indicio de criminalidad; y en cuanto a la prisión provisional, la concurrencia de los requisitos del artículo 503 no solo son evidentes sino que fue ya aceptada al dictarse en su día la Orden Europea de detención.

Por lo demás, el sumario como marco para el procesamiento, y en nuestro caso también para la prisión, es la vía ordinaria en la instrucción de las causas penales cuando el delito se castiga con penas tan graves como las que conlleva la rebelión. Si el magistrado Llarena decidiera incoar ya, sin más dilación, un sumario y procesar y acordar incluso la prisión condicional de Puigdemont y compañía por el repetido delito, la suspensión sería automática, empezando por la de “conseller”, sin necesidad de que la persona en cuestión haya entrado en la cárcel. Bastaría con la firmeza del Auto, aunque los procesados continuasen en Bruselas.

Ha de añadirse, sin embargo, un detalle no tan pequeño. No los autos de apertura del sumario y de procesamiento, pero sí el de prisión provisional exige la previa petición del fiscal, del querellante o de alguna otra parte personada como acusación. La suspensión, como inhabilitación temporal de Puigdemont, podría ser bastante rápida, puesto que las peticiones fiscales y las diligencias judiciales desarrolladas hasta hoy abundan en la presencia de todas y cada una de las condiciones requeridas para ello. Aunque, según se dijo, algunos no estemos de acuerdo respecto al elemento de la violencia finalista en el delito de rebelión.