La exasperante lentitud de la Justicia

Abuin

Sabido es que la justicia lenta deja de ser justicia, como si su toga inmaculada se ensuciase con el polvo del camino (en este caso sin connotaciones etarras). O como si su severo atuendo se le fuera cayendo a jirones. También es verdad que a casi todo se acostumbra uno, especialmente si el problema se adereza con bellas palabras para endulzar la triste realidad. Se trata de una situación con la que convivimos de mejor o peor grado (por lo general esto último) desde que tenemos memoria histórica o desde un poco antes. Dicha percepción social, si no genética, experimenta además frecuentes sacudidas cuando los medios de comunicación nos ofrecen en un mismo día varios ejemplos de tan arraigada lacra.

Al escribir estas líneas, el 15 del corriente mes, tengo delante algunas noticias que corroboran mis afirmaciones. La primera es político-institucional. La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado, entre otros, al señor Felix Millet a 9 años y 8 meses de prisión y al señor Jordi Montull a 7 años y 6 meses de igual pena por el caso Palau. Ha confirmado también la financiación irregular de la vieja Convergència i Unió, condenada ahora a devolver 6,6 millones de euros.

Como los hechos ocurrieron hace más de ocho años, los reos son de cierta edad y habrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo, sin olvidar las probables impugnaciones ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aunque solo sea para ganar tiempo, los ingresos carcelarios se retrasarán aún varios años. Después habrá que tener en cuenta las grandes facilidades de nuestro ordenamiento jurídico para que los septuagenarios, así como los enfermos muy graves con padecimientos incurables, alcancen la libertad condicional sin necesidad de haber cumplido parte alguna de la pena impuesta. Y algo similar sucede con un régimen abierto que puede consistir en hacer acto de presencia en el establecimiento penitenciario para firmar de vez en cuando.

Las crónicas del día también se ocupan de los juicios por los desfalcos de los ERES y la trama policial de Coslada, cuyos inicios se sitúan asimismo ocho o nueve años atrás. Luego vendrán de nuevo los recursos y demás trámites e incidencias, jurisdiccionales y penitenciarias, de forma que solo los ciudadanos muy longevos conocerán el final de tan apasionantes relatos por entregas. Para el resto solo quedará el bálsamo tranquilizador del aquí paz y después gloria mientras siguen disfrutando de las solemnes promesas de un futuro mejor.

Cambiando de tercio, vaya otra noticia de actualidad. El presunto asesino de la joven Diana Quer empezará a cumplir de inmediato la pena de dos años y medio de prisión que le impuso la Audiencia Provincial de Pontevedra en sentencia de 2015 por unos hechos que se remontan a 2007. El hombre recurrió al Tribunal Supremo el pasado mes de junio en petición de que se le suspendiera la ejecución de la pena, cosa totalmente imposible por superar los dos años. Esto último es lo que acaban de recordarle los señores magistrados después de siete meses. Ya veremos si los deudos de Diana no reclaman ahora una indemnización alegando que sin ese retraso no habría podido cometerse este asesinato porque el autor habría estado en la cárcel por aquellas fechas.

Malo sería que la anormalidad en el funcionamiento de la Administración de Justicia se convirtiera en lo normal.

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