Informe crítico sobre la Justicia en España

GRECO

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que es un organismo del Consejo de Europa pero no de la Unión Europea, acaba de publicar su informe anual a propósito de la corrupción, la independencia judicial y otras materias relacionadas con aquellas. De las once recomendaciones que nos afectan, siete se habrían atendido parcialmente mientras que las cuatro restantes habrían sido incumplidas por completo. La situación en España sería “globalmente insatisfactoria”. Y, por desgracia, a la gravedad de tales conclusiones en el ámbito de la Justicia se sumaría actualmente el contencioso, soterrado pero real, con Bélgica. Un esperpento que podría culminar con la formación de un Gobierno Catalán, independiente o autonómico, en el exilio.

Quiere decirse que nuestro prestigio internacional no depende tanto de los dineros que nos gastemos para promocionar la Marca España como de lo que efectivamente ofrezcamos como país de la Unión Europea, sobre todo en el ámbito institucional. Si ello es importante en sí mismo, lo es aún más cuando entran en juego el separatismo catalán y los malabarismos de Puigdemont en Bélgica.

La separación entre Justicia y Política facilitará la persecución y castigo de la corrupción en las altas esferas de los poderes públicos y sus aledaños. Sin excluir las filas judiciales, aunque, al menos hasta ahora, los nombres de jueces y magistrados brillen por su ausencia en las listas de los nuevos mangantes multimillonarios de cuello blanco que guardan el producto de sus rapiñas en paraísos fiscales. El caso de Pascual Estevill sería la excepción que confirma la regla.

El informe del GRECO postula la transparencia económica de los parlamentarios españoles, exigiendo declaraciones públicas de sus actividades, regalos o tipos privilegiados para sus hipotecas, así como otras prebendas. Habría también un código de conducta asequible a todos los ciudadanos. Aquí, sin embargo, lo que nos interesa en primer término es subrayar las observaciones relativas a nuestra Fiscalía y al nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Por lo que atañe al llamado Ministerio Público, no se tropieza con ningún obstáculo constitucional para acceder a que sus comunicaciones con el Gobierno, que propone al Rey el nombramiento del Fiscal General del Estado conforme al artículo 124 de nuestra Carta Magna, se hagan siempre por escrito y con publicidad. Bastaría con modificar en ese sentido el Estatuto Fiscal. Mayores dificultades ofrece la petición de que nuestras Cortes Generales no participen en la selección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pues según el artículo 122.2 de la Constitución cuatro de sus veinte miembros serán propuestos por el Congreso y otros cuatro por el Senado.

Lo que sí debería hacerse de inmediato es volver a la interpretación inicial del sistema de selección recogido en la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Poder Judicial, a cuyo tenor los nombres de los doce jueces o magistrados serían propuestos los propios titulares del Poder Judicial. Recuérdese, además, que el Tribunal Constitucional, aun admitiendo la nueva interpretación en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, añadía la exigencia de que la relación de fuerzas políticas del Congreso y del Senado no se reprodujese después en el Consejo General del Poder Judicial, una condición que no se ha cumplido nunca.

Valga añadir para la crónica del cambio que aquel se produjo de forma sorpresiva mediante una enmienda “in voce” del senador Bandrés, sin que la cuestión hubiera sido objeto de ningún debate previo, ni en el Anteproyecto, ni en el Congreso de los Diputados. Desde entonces hemos visto en la prensa cómo los nombres de los jueces o magistrados, particularmente si intervienen en causas con connotaciones políticas, van acompañados de las siglas del partido que los propuso en su día. Algo insólito en el resto de Europa.

Las críticas del GRECO serían, por el contrario, fácilmente atendibles en cuanto a la figura del “magistrado autonómico” que, nombrado a partir de una terna elaborada en la correspondiente asamblea legislativa, se integra en el Tribunal Superior de Justicia para, entre otras funciones, ocuparse de los delitos, generalmente de corrupción, que hayan podido cometer los aforados de esa misma comunidad. Si a ello se une la discrecionalidad en el nombramiento de los presidentes, no hace falta mucha imaginación para poner en duda la independencia en esa parcela de la Justicia. Fue también una novedad de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.

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