Las amnistías en el “procés” catalán

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Se nos han dado motivos suficientes para sospechar que la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña por el propio Gobierno de la Comunidad no sólo habría evitado la aplicación del artículo 155 de la constitución, sino que habría beneficiado también a los responsables penales de los delitos cometidos durante el proceso soberanista. Contamos con los socorridos bálsamos de “aquí paz y después gloria”, “lo pasado, pasado” y otros ungüentos por el estilo. Esta posibilidad sería, sin embargo, muy difícilmente compatible con el margen de maniobra del Ejecutivo español en lo que afecta al derecho de gracia, pues, para empezar, se trata de delitos perseguibles de oficio.

Ninguna objeción jurídica suscitaría la concesión de indultos, pero estos requieren la previa condena en firme del inculpado y no borran los antecedentes penales. Los indultos generales del franquismo, que se anticipaban a las condenas, están hoy prohibidos por el artículo 62 i) de una Constitución que silencia significativamente la amnistía. Con esta segunda manifestación del derecho de gracia, no sólo el Estado renuncia a la imposición y cumplimiento de las penas por determinados delitos, sino que los delitos mismos dejan de ser considerados como tales o como no cometidos.

Quiere decirse que la política y el derecho penal tienen diferentes tiempos y que el ejercicio de aquella ha de contar con las limitaciones y exigencias del segundo. A no ser que, como en el “siempre nos quedará París” de la película “Casablanca”, nos saquemos de la manga alguna nueva doctrina con nombre propio. La doctrina Parot o la doctrina Botín, por ejemplo, para constitucionalizar una Ley de Amnistía.

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