Aguja de navegar en aguas catalanas

El problema más importante que plantea la valoración penal de los sucesos que vienen desarrollándose desde hace tiempo en Cataluña es la discutible existencia de un delito de rebelión. El requisito expreso de la violencia fue una novedad del Código Penal de 1995 y, naturalmente, alguna finalidad tendría. Pueden verse las diversas posturas mantenidas durante la tramitación parlamentaria. No se añadieron ni la intimidación ni la amenaza ni la fuerza en las cosas. Y en Derecho Penal no es muy aceptable la interpretación en contra del reo. Ya hemos escrito sobre este particular en otra columna.

La rebelión es un delito de mera actividad, que se consuma aunque no se hubiera llegado a la declaración de independencia. Más aún, también se castigan, dada su gravedad, los actos preparatorios de conspiración, proposición y provocación para delinquir. No se entiende, por ello, que se haya tardado tanto en perseguir una actuación criminal que, desarrollada a la luz del día, sería un delito flagrante.

La sedición, que se dirige contra el orden público y no contra la Constitución, únicamente exige una acción tumultuaria, en la que la violencia sólo sería un plus, para perturbar o impedir el cumplimiento de resoluciones de la autoridad competente. Todo parece acreditar aquí la responsabilidad de los autores directos de algunos episodios en los que incluso se causaron graves desperfectos a los vehículos de las fuerzas de seguridad, pero más difícil resulta ascender desde los autores materiales de estos hechos a los líderes del procés.

La malversación de caudales públicos cuenta también con indicios muy sólidos y alcanzaría a los altos cargos autonómicos de aquella Comunidad. Creo que se malversa o administra deslealmente siempre que los dineros públicos se destinan a fines ajenos a las competencias de una institución determinada, sin que ni siquiera haga falta una sentencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con declaración previa de actividad ilegal.

Habría sido un manifiesto error pensar que con la multa o las inhabilitaciones de los delitos de desobediencia y prevaricación podría entorpecerse (no ya frenarse) el proceso soberanista. Las inhabilitaciones penales tardan mucho tiempo en ser firmes y sólo sirven para que corra el escalafón. Quizás esta circunstancia inspirara la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que pueda acordar inhabilitaciones con efecto inmediato, algo que hasta el momento ha quedado en letra muerta. Y poco cabe decir de la irrelevancia de la multa en un caso de tanta gravedad.

Otra cuestión complicada es la de los aforamientos a granel. Lo lógico, y así acaba de entenderlo el Tribunal Supremo, es que éste extienda su competencia a todos los implicados en los mismos hechos aunque no sean personalmente aforados. Se habla entonces de continencia de la causa, pero se tropieza con la dificultad práctica de que aquel Alto Tribunal carece de jueces instructores, lo que obliga a designar, de entre sus magistrados, uno para cada caso concreto.

Respecto a la prisión provisional, sabido es que sólo puede acordarse cuando, además de ser solicitada expresamente por alguna de las acusaciones, haya riesgo de fuga, destrucción de pruebas o comisión de otros hechos delictivos. La libertad provisional con o sin fianza deberá acordarse tan pronto como desaparezcan aquellos requisitos. Dicha medida cautelar no deja de ser un recorte de la presunción de inocencia.

Tal vez subsista en algunos de los investigados el riesgo de un país poco proclive a su extradición, Venezuela, por ejemplo. Por el contrario, la destrucción de pruebas no tendría mucho sentido a estas alturas. El propio Fiscal General les avisó de que podían acabar en la cárcel y se retrasó la declaración de algunos de ellos en el Tribunal Supremo para que pudieran preparar bien su defensa. En cuanto a la no comisión de otros hechos delictivos vayan tres observaciones. La primera es que las promesas formales poco valor tienen. La segunda, que no se delinque si se postula la independencia por medios legales. Y la tercera es que, como se ha visto, siempre dispondríamos del artículo 155 de la Constitución para prevenir reiteraciones.

El tratamiento de la rebelión, si no fuera por el componente político de la conducta enjuiciada y de las personas investigadas, sería el mismo al que estamos acostumbrados en el narcotráfico a gran escala, pero la presente causa tiene una característica propia. Aquí las dificultades no son tanto probatorias como de tipificación de los hechos probados, por lo que habrá que esperar hasta el pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo sobre la comisión de dicho delito. Resulta significativo que las peticiones fiscales y las resoluciones judiciales siempre se refieran subsidiariamente a la sedición, aunque sus presupuestos sean muy distintos. Y es curioso que el informe de la magistrada de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo para una posible acumulación de las causas sólo mencione la sedición, la malversación, la desobediencia y la prevaricación. La rebelión se esfuma.