¿Rebelión en Cataluña?

El auto del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena Conde, acordando la prisión provisional, eludible mediante prestación de determinadas fianzas, de Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña, y de otros cinco miembros de su Mesa, es una resolución bien construida en la que se examina con detalle la posible responsabilidad de aquéllos como autores de un delito de rebelión (artículos 472 y ss. del Código Penal). Se invoca subsidiariamente el delito de sedición (artículos 544 y ss.) y, en todo caso, la malversación de caudales públicos (artículos 432, 252.1 y concordantes).

Sin embargo, y pese al respeto que su argumentación merece, me permito insistir en la dificultad de calificar los hechos como rebelión en su estricto significado penal. No es la primera vez que lo hago en este diario y en alguna revista jurídica. Hay sobrados indicios de que el “procés” tenía como objeto “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, pero más dudoso es que estos investigados “se alzaran violenta y públicamente” con dicha finalidad, como requiere el citado artículo 472.

Afirma el auto en cuestión que “el alzamiento es violento, cuando el levantamiento se orienta de modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente constituidos, bien mediante el ejercicio activo de una fuerza incluso incruenta, bien mediante la exteriorización pública y patente de estarse dispuesto a su utilización por existir una determinación de alcanzar a todo trance los fines que contempla el artículo 472 del Código Penal”. Se trata de un argumento que, amén de acudir a una exégesis extensiva en contra del reo, se aparta de la literalidad del precepto al considerar que el adverbio “violenta(mente)” no responde al concepto de “violencia” en otros artículos y, menos aún, al de “violencia en las personas”.

Creo que el empleo excepcional del adverbio “violenta(mente)” en nuestro vigente Código Penal ha de interpretarse en relación con el sustantivo “violencia”, presente en numerosos artículos como “violencia sobre las personas”. La inclusión de la “intimidación” en las acciones delictivas, junto a la “violencia”, se hace siempre expresamente. Véanse las  agresiones y abusos sexuales (artículos 178, 180, 181 y 183), el allanamiento de morada (artículo 202), robo (artículo 237), los delitos contra la Corona (artículos 489 y 490), y la piratería (artículo 616 ter). Así se evita todo riesgo de interpretación extensiva de una violencia que no incluye la intimidación, como tampoco las amenazas o la fuerza en las cosas.

Se castiga el aborto consentido mediante “violencia, amenaza o engaño” (artículo 144). En la trata de seres humanos se acude a los gerundios, “aplicando violencia, intimidación o engaño” (artículo 177 bis). La invasión delictiva de sedes institucionales requiere que se realice “con fuerza, violencia o intimidación” (artículo 493) y, poco después, otro tipo penal exige “violencia, intimidación o amenaza grave” (artículo 498). La referencia separada a la fuerza en las cosas, frente a la violencia y la intimidación en las personas, es igualmente clara en el quebrantamiento de condena agravado por “uso de violencia, intimidación en las personas o fuerza en las cosas…” (artículo 469). Y por si todo lo anterior fuera poco para mantener nuestras reservas, cabe añadir, ya con utilización del adverbio, que el artículo 503.1 se dirige a “los que invadan violentamente o con intimidación” el local donde esté constituido el Consejo de Ministros o un Consejo de Gobierno de Comunidad Autónoma.

La verdad es que todos nuestros Códigos Penales hasta el vigente de 1995 sólo exigían para el delito de rebelión el alzamiento público. El novedoso plus de la violencia fue precedido de un revelador debate parlamentario que terminó marginando del tipo penal los alzamientos pacíficos, algo tenido muy en cuenta por los padres del “procés” para no incurrir en responsabilidad penal. Los episodios violentos pero puntuales, como el hostigamiento a una comisión judicial en la práctica de determinada diligencia, y contrarios a la consigna general pacifista encuentran su mejor acomodo en la figura de sedición, dentro de los delitos contra el orden público.

De otra parte, no deja de ser curioso, y a la vez inquietante, que hayamos tardado tanto tiempo en acordarnos del delito de rebelión cuando éste es de mera actividad y se consuma por ello sin necesidad de que llegue a declararse la pretendida independencia. Además, en esta figura delictiva se castigan también los actos preparatorios de conspiración, proposición y provocación. Y sin olvidar que la acción típica se habría prolongado ininterrumpidamente durante meses o años con un constante acompañamiento publicitario, lo que nos llevaría al delito flagrante con todo lo que ello comporta.

Naturalmente, al ciudadano normal le repugna que estos dirigentes puedan irse de rositas, como tampoco entendió, con razón, que los asesinos múltiples del GAL quedaran en libertad a los quince o veinte años de su entrada en prisión, pero las leyes son las leyes y no las hacen los jueces. La doctrina Parot, rotundamente desautorizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue una iniciativa de la Audiencia Nacional, asumida después por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, para paliar en lo posible aquel escándalo. Ahora habrá que tener un exquisito cuidado con la interpretación del tipo delictivo de la rebelión para que el voluntarismo, por explicable que sea, no perturbe la correcta aplicación de nuestro ordenamiento jurídicopenal.

Perdone el lector la meticulosidad y la aridez de la exposición, pero todos nos jugamos mucho en este trance.