El artículo 6 de la Constitución

Junqueras

Según el § 9.2 de la Ley Fundamental o Constitución de Alemania, “están prohibidas  las asociaciones cuyo fin o cuya actividad se opongan a las leyes penales o que se dirijan contra el orden constitucional o contra la idea del entendimiento entre los pueblos”. Ya en la práctica, dicha prohibición alcanza tanto al Partido Nacional Socialista como al Partido Comunista.

Nuestra Constitución se expresa con menor contundencia, pero algo recoge también sobre este particular. Su artículo 6 comienza afirmando que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”. Sin embargo, inmediatamente después añade que “su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley”.

En España son defendibles, individual o colectivamente, todas las ideologías, como son legales todos los partidos políticos que se atengan a aquella doble limitación. La decidida apuesta del Partido Comunista Español por nuestro Estado de Derecho justifica su legalización al margen de lo que suceda en otros países. Y en fechas más recientes, y no sin recelos por asumir muchos de los fines perseguidos por la ETA, fue legalizado EH Bildu como un partido más de nuestro espectro político.

El problema de algunos partidos políticos catalanes no consiste en su ideario separatista, sino en pretender conseguir la independencia de Cataluña unilateralmente, infringiendo la Constitución y sin molestarse siquiera en intentar su previa reforma en lo que atañe a la unidad de España.

Esta realidad, evidente al hilo de los últimos acontecimientos en Cataluña, obliga a plantearse la pregunta de si procede ilegalizar un partido cuya creación se ajustó en su día a unas exigencias constitucionales y legales que después han dejado de cumplirse. O, dicho de otro modo, qué ha de hacerse cuando su actividad presente se aleja de la formalidad programática.

No parece aceptable que en las próximas elecciones autonómicas de Cataluña participen partidos políticos cuyo declarado objetivo sea, fundamentalmente, romper la unidad de España por las vías de hecho, tal y como se ha intentado en esta ocasión. Sería una grave irresponsabilidad que nos conformásemos ahora con retrasar durante algún tiempo un nuevo golpe pacífico de estado como edición actualizada y corregida del anterior.

¿Volveremos a llegar tarde? ¿Seguirá interpretándose el artículo 6 de la Constitución como un brindis al sol?

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