Unos errores se pagan y otros debieran pagarse

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Se produzca o no finalmente la declaración unilateral de independencia de Cataluña, ya el hecho mismo de haberse llegado a la situación actual es lo suficientemente grave como para resumir algunas de  sus causas y perfilar responsabilidades más allá de las achacables de modo directo y principal a los separatistas radicales. Estos son quienes han ideado, impulsado y protagonizado todo el proceso. Vaya una concisa enumeración sin pretensiones de exhaustividad.

Así, las continuadas prácticas de los partidos nacionales para obtener los votos nacionalistas a la hora de formar gobierno o conseguir apoyos en otras cuestiones políticas. El precio han sido nuevas competencias, mayores inversiones o ayudas estatales e incluso una tácita promesa de impunidad institucional y personal en el ámbito de la corrupción.

Así, la ilimitada tolerancia en el incumplimiento de determinados preceptos constitucionales y de las sentencias de los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional en su concreta aplicación. Recuérdense el (no) uso del castellano en los centros de enseñanza o el izado de banderas en los edificios públicos. Hasta la sede de la Fiscalía en Barcelona lo es exclusivamente de Catalunya. El castellano, lengua común de toda España ha desaparecido en una institución del Estado.

Así, la irresponsable promesa del entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, proclamando sin tapujos que el texto del nuevo Estatuto de Cataluña sería el aprobado por el Parlament. Después vinieron un primer recorte en las Cortes Generales y un segundo en el Tribunal Constitucional al resolver el recurso de inconstitucionalidad no sólo interpuesto por el PP. Hay quien atribuye la culpa de la exacerbación separatista al intérprete máximo de nuestra Ley Fundamental por haber cumplido con su deber proclamando la primacía de la Constitución sobre los actos y resoluciones de los tres Poderes del Estado, incluido el Poder Legislativo.

Así, el no haber utilizado el artículo 155 de la Constitución cuando empezó la deriva autonómica que ha desembocado en la actual situación. Una muy comedida intervención en su día por incumplimiento de obligaciones (recuérdense en los ejemplos anteriores) habría tenido un coste mínimo.

Así, el no haberse hecho hincapié en la posible comisión de un delito o múltiples delitos de malversación continuada por el uso de los dineros públicos en la campaña independentista, siendo así que tal actividad, aunque lícita en la escena política, escapa de las competencias de la Generalitat y de los municipios. No se entiende bien que el Tribunal de Cuentas ordene a Artur Mas la devolución de cinco millones y pico de euros a las arcas públicas y se silencie su posible malversación.

Así, el recurso a la jurisdicción penal como medio casi exclusivo para resolver un problema eminentemente político que afecta a millones de personas. Tanto más cuando los delitos de desobediencia y prevaricación, únicos perseguidos hasta ahora, sólo conllevan penas de inhabilitación o de inhabilitación y multa, inferiores, como puede verse, a la prisión prevista para quien conduce un vehículo de motor a excesiva velocidad. Sin violencia no hay delito de rebeldía y sin tumulto ni siquiera delito de sedición, pero el Gobierno dispone de medios que no pasan por el Código Penal.

Así, el haber olvidado que la función de los jueces penales, como la de los fiscales, consiste en procurar el castigo de los delitos ya cometidos y no en tratar de impedir los futuros. La opción tomada por el Gobierno es la prueba de una actitud casi exclusivamente reactiva en el proceso dirigido por los separatistas.

Así, el haber cerrado los ojos a la evidencia, confiando en los Mossos d’Escuadra para impedir la celebración del referéndum ilegal. En principio la Guardia Civil y la Policía Nacional sólo habrían de apoyarlos en caso necesario. La realidad es que se ha votado, aunque sin unas mínimas garantías procedimentales, a lo largo y ancho de toda Cataluña. Por lo demás, era fácilmente previsible que la intervención de las Fuerzas de Seguridad venidas de fuera acabaría produciendo incidentes luego magnificados por los medios de comunicación, no sólo extranjeros, para llevar las aguas al molino separatista. Lo del mando único designado por el Ministerio del Interior ha quedado en nada.

Las malas noticias no cesan, antes al contrario. Por no hacer las cosas bien y oportunamente es probable que haya que aplicar ahora, tarde y en consecuencia mal, tras la proclamación unilateral de independencia, el tan repetido artículo 155 de la Constitución. No se olvide tampoco la posibilidad de tener que acudir finalmente a la indeseable declaración del estado de sitio. Se halla previsto en el artículo 116.4 de la Constitución y se regula en la Ley Orgánica 4/1981, cuyo artículo 32 contempla el supuesto de que “se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios”. Todo dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos futuros.

Puesto que el golpe blando de Puigdemont y compañía es comparable a la intentona militar del 23F, se echa en falta la contundencia en la respuesta del Gobierno. Más aún, muchos españoles habrían agradecido también una alocución real en línea con la de S.M. Juan Carlos I en aquella excepcional coyuntura. Hoy, leer la prensa, oír la radio o ver la televisión quizá no sea para llorar, pero casi.

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