No hay delito de rebelión sin violencia

Mendez de Vigo

Iñigo Méndez de Lugo, portavoz del Gobierno de España, ha calificado de golpe de Estado los preparativos de la Generalidad de Cataluña para proclamar la independencia de aquella Comunidad Autónoma, incluso unilateralmente si fuera preciso. Un poco tarde, pero algo es algo. La rebelión consiste para el DRA “en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos”.

Las palabras de aquel alto dirigente del PP revelan la gravedad de lo que está sucediendo en Cataluña y tienen por consiguiente una gran importancia política, pero el concepto de golpe de estado es ajeno a nuestro vigente Código Penal de 1995, que ni siquiera lo menciona. Sí se recoge y castiga en el mismo el delito de rebelión. Conforme a su artículo 472 “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para conseguir” determinados fines, uno de los cuales, el quinto, consiste “en declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

Los Códigos Penales de 1848 y 1850 (artículo 167), 1870 (artículo 243), 1928 (artículo 283) y 1932 (artículo 238) se refirieron a quienes “se alzan (o alzaren) públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno”. La triple exigencia del alzamiento mismo, de la publicidad y de la abierta hostilidad contra el Gobierno pasó literalmente a los Códigos Penales de 1944 y 1973 (artículo 214). El panorama legislativo cambió, sin embargo, cuando este mismo artículo (ya en el Código de 1973) recibió un nuevo texto por la Ley Orgánica 2/1981. Se prescindió entonces de la abierta hostilidad, por lo que bastaba para la rebelión con que los reos “se alzaren públicamente” para obtener sus fines.

El Código Penal de 1995 acertó al seguir prescindiendo de la vieja referencia a “la abierta hostilidad contra el Gobierno”, pero introdujo en la definición un elemento nuevo, el de la violencia, lo que excluye de esta figura delictiva los alzamientos públicos pero pacíficos para alcanzar la independencia de una parte del territorio nacional. Según se indicó, su artículo 472 se dirige ahora contra quienes “se alzaren violenta y públicamente”. Una nueva palabra que puede ser decisiva en nuestra actual coyuntura.

Se quiso “humanizar” el viejo Código derogando sus profundas reformas tras la muerte de Franco y, en definitiva, pecamos una vez más de ingenuos. Los dirigentes del secesionismo catalán no se cansan de subrayar, por la cuenta que les tiene, el desarrollo pacífico de su proceso soberanista.

Si, por el contrario, no se compartiera el criterio de la inaplicación del delito de rebelión a los sucesos de Cataluña, surgirían de inmediato algunas preguntas de difícil respuesta. ¿No estaríamos ante un delito flagrante? ¿No se castigarían también la provocación, la conspiración y la proposición del delito? ¿No nos encontraríamos en presencia de, al menos, una tentativa? ¿Habrá que esperar a la consumación, si no al agotamiento, cuando ya no haya remedio o éste tenga un precio muy alto?

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