El artículo 155, pero no en solitario

A Vocento le corresponde el mérito de haber reunido a los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero ante los medios de comunicación, lo que ha permitido su interrogatorio en directo sobre el conflicto catalán. Los tres expresidentes coinciden en su oposición al referéndum independentista anunciado para el próximo 1 de octubre, pero discrepan sobre el camino a seguir para evitar que se celebre.

Felipe González y José María Aznar  adoptaron la posición más contundente, preguntándose si no habría llegado ya la hora de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Contra lo que algunos políticos, periodistas y tertulianos sostienen, dicho precepto no prevé la supresión de una autonomía o de todas sus funciones, sino una asunción puntual de determinadas competencias frente al incumplimiento de obligaciones con graves perjuicios para el interés general de España. Tomar el mando sobre los “mossos” sería un ejemplo.

Razonable es que los medios constitucionales y legales de los que disponemos para defender la integridad de España se administren con cuidado, con responsabilidad, conforme al principio de proporcionalidad y nunca antes de lo debido, pero quizás la aplicación del repetido artículo 155 en cuestiones tan importantes como el izado de banderas en los edificios públicos o el uso del español en Cataluña hubiera evitado que la bola de nieve del independentismo radical alcanzase sus actuales dimensiones. El mensaje habría sido clarísimo: con los intereses nacionales no se juega impunemente.

El grave error fue poner sordina al problema para obtener apoyos parlamentarios a la vez que se minimizaban los primeros pero inequívocos síntomas del proceso separatista. Consecuencia de ello es que ahora sí resulta posible que el recurso al artículo 155 de la Constitución, aunque sólo sea para impedir el referéndum del 1 de octubre, suscite una mayor contestación, incluidas las “algarabías” que detectó el presidente Rajoy durante la celebración no muy pacífica de una Diada años atrás. Y la repercusión internacional sería también mayor.

No nos engañemos con las sentencias del Tribunal Constitucional o de los tribunales ordinarios, que sólo se cumplen cuando la Generalidad de Cataluña así lo tiene por conveniente. Se echan de menos esas penas de cárcel que se imponen a los robagallinas. De la malversación, un delito castigado con prisión, se ha prescindido con discutible generosidad. El proceso independentista se ha desarrollado y sigue desarrollándose a la luz del día con una cierta normalidad. Pero tampoco es aconsejable jugar alegremente con los tipos penales.

Según los expresidentes Felipe González y José María Aznar habría una clara incitación a la sedición, lo que, sin embargo, no sería cierto en estrictos términos jurídicopenales. El artículo 544 del Código Penal requiere que los culpables “se alcen pública y tumultuariamente” para los fines que a continuación de recogen. Es notorio, sin embargo, que la conducta de los independentistas catalanes no responde a esa exigencia. El golpe de estado, si se quiere utilizar esta expresión, es hasta el momento limpio y exquisitamente pacífico. También con el delito de rebelión sucede algo similar: el artículo 472 requiere que sus reos “se alzaren violenta y públicamente” para conseguir sus propósitos, entre ellos “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

Nos encontramos en un tenso compás de espera por ignorar que hará finalmente el Gobierno. Además de con el repetido artículo 155 de la Constitución, cuenta con la posibilidad de declarar los estados de alarma, excepción o sitio, este último “cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios”, según indica el artículo 32 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Y algunas previsiones de la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana, podrían aplicarse de inmediato.

Todo proceso tiene un punto de no retorno. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, acaba de recordar que una de las misiones del artículo 8.1 que la Constitución confía a las Fuerzas Armadas es defender la integridad territorial de España. Y el mando supremo de las mismas corresponde al Rey conforme al artículo 62 de nuestra Carta Magna. Palabras mayores, pero ahí están. Como aviso a los navegantes.