El violador del ascensor y la doctrina Parot

I. EL ESCÁNDALO DE LA REINCIDENCIA ANUNCIADA

El caso de Pedro Luis Gallego Fernández, el “violador (y asesino) del ascensor” y ahora presunto “violador de La Paz”, por la zona en que habría cometido sus últimos delitos, está sirviendo para reactivar las críticas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). Al rechazar la llamada doctrina Parot, habría adelantado varios años la excarcelación de numerosos criminales de la peor calaña, no sólo terroristas en serie sino también otros particularmente peligrosos como determinados violadores.

Dicho individuo ingresó en prisión en 1979, con 19 años, para cumplir pena por un delito de violación. Luego fue detenido en 1992 y resultó condenado a 273 años de prisión por matar y violar a dos jóvenes de 17 y 18 años y violar a otras dieciocho. Se dice que según la doctrina Parot su licenciamiento definitivo se hubiera producido en 2022, pero que al amparo de la sentencia del TEDH sólo cumplió 21 años. Aunque no fuera quien recurrió en aquel caso, era obligado que los jueces españoles abandonaran la doctrina Parot con carácter general, evitando así nuevos recursos y nuevas condenas.

Se entiende perfectamente la doble sensación de temor e injusticia en una sociedad que no quiere ver a tales sujetos en la calle, al menos mientras no den pruebas evidentes de resocialización. Es una realidad innegable la recaída en la violación y en el asesinato de muchos delincuentes sexuales una vez abandonan la cárcel. Sin embargo, la responsabilidad de lo que está ocurriendo en España no debe buscarse en el TEDH, que se ha limitado a examinar si nuestra legislación penal fue o no correctamente aplicada conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. La respuesta fue negativa en dos instancias y por unanimidad. Sus fundamentos son sólidos y contaron con el voto favorable de nuestro compatriota Luis López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional.

II. LOS POSIBLES REMEDIOS

Es en España, en la legislación española y, más exactamente, en nuestra política penal y penitenciaria, donde las cosas se hicieron mal, quizá con el prurito de ser más progresistas que el resto de las democracias europeas a las que acabábamos de sumarnos. Naturalmente que había remedios relativamente eficaces para conjurar esos riesgos, dentro siempre del mayor respeto a nuestros compromisos internacionales. Pero alguno de ellos ha llegado tarde, mientras que otros siguen en lista de espera.

En primer lugar, estos hechos hubieran podido castigarse en su día con una prisión perpetua revisable a semejanza de lo que ocurre en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Austria y un largo etc., casi sin excepciones en la vieja Europa. La pena responde a la culpabilidad del reo, de modo que la concurrente en delitos de tanta gravedad justificaría el encarcelamiento de por vida. Otra cosa es que pueda acordarse la puesta en libertad si, transcurrido un cierto tiempo, la acreditada resocialización del penado hiciese muy improbable su reincidencia. Sólo al precio de muchos muertos y muchas mujeres violadas hemos empezado a desprendernos de utópicos complejos como probable reacción a los años del franquismo.

Puede suceder también, en segundo término, que el cumplimiento de las penas de prisión impuestas conforme a la culpabilidad en el delito enjuiciado no baste para evitar riesgos futuros en la misma línea delictiva. La solución se encuentra entonces en el internamiento de seguridad, que ya no es una pena sino una medida de seguridad, no basada en la anterior culpabilidad delictual del reo, sino en su peligrosidad presente. Pueden verse de nuevo como botones de muestra los Códigos Penales de Alemania, Austria, Suiza e Italia.

El Código Penal español recoge algunos internamientos dentro de sus medidas de seguridad, pero únicamente en relación con personas inimputables (anomalía o alteración psíquica, intoxicación plena o alteraciones de la percepción). No se ocupa, por el contrario, de la peligrosidad del delincuente sexual (es sólo un ejemplo) tras haber cumplido su pena o penas de prisión. Las propuestas a favor de la inclusión del internamiento de seguridad en nuestro ordenamiento jurídico tropezaron, no obstante, con la oposición de la izquierda. Finalmente, la Ley Orgánica 5/2010 incorporó al Código Penal una libertad vigilada que, sin internamiento, es tan insuficiente como el control de esos permisos penitenciarios que con frecuencia son utilizados para delinquir, o introducir drogas en nuestras cárceles.

III. LA DOCTRINA PAROT Y LA REDENCIÓN DE PENAS POR EL TRABAJO

La doctrina Parot fue un remedio de urgencia con el que los jueces de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y  no el legislador, que llegaba definitivamente tarde. Se trataba de corregir la increíble benevolencia de nuestro ordenamiento  penal cuando los asesinatos etarras eran el pan nuestro de cada día. Con la llegada de la democracia se redujo la duración de las penas carcelarias mientras se mantenía la redención de penas por el trabajo, de manera que no hacía falta ser un avispado jurista para prever que ningún terrorista cumpliría más de dieciocho o veintidós años por muchos que hubieran sido los asesinatos cometidos. Pero triunfó el ¡qué largo me lo fiais!

Con el nuevo Código Penal de 1995 la prisión por asesinato no pasaría de veinte años (actualmente el límite es de veinticinco, sin olvidar la prisión permanente revisable), y en caso de concurrir varias o muchas penas el cumplimiento máximo nunca superaría los treinta años (ahora cuarenta en determinados supuestos). A partir de ahí la redención ordinaria de penas por el trabajo restaba un día de cumplimiento efectivo por cada dos trabajados. Además se concedía indiscriminadamente como un derecho, incluso cuando no existía ningún trabajo disponible. Había asimismo redenciones extraordinarias por dudosos trabajos como donar sangre o ayudar a misa. Con lo que se llega al meollo de la cuestión debatida.

La redención de penas por el trabajo se había aplicado siempre sobre el límite máximo de cumplimiento de todas las penas impuestas, al igual que los restantes beneficios penitenciarios en sentido amplio. Nadie había discutido ésta consolidada interpretación legal hasta que empezó el lamentable espectáculo de las múltiples y casi simultáneas excarcelaciones de sanguinarios terroristas. La redención de penas por el trabajo desapareció en el Código Penal de 1995, pero las leyes penales carecen de efecto retroactivo en contra del reo y por tanto la redención siguió aplicándose en todas las condenas por hechos cometidos antes de entrar en vigor dicho Código.

Un etarra, por ejemplo, condenado a diez penas de prisión de 15 años cada una, pero con un máximo de 30 en su cumplimiento, sería licenciado definitivamente a los 20 años si la redención de penas por el trabajo se aplicara sobre aquellos 30 años. Por el contrario, la suma de dichas penas reducidas individualmente en un tercio seguiría superando el techo establecido con carácter general. Con otras palabras, los trabajos no habrían servido para nada. Y ello pese a que el propio juez de vigilancia los hubiera autorizado y reconocido en un Auto, ya firme, para tenerlos en cuenta en el cumplimiento de la pena según se venía haciendo pacíficamente. Repitámoslo de nuevo, no pena por pena, sino aplicando el beneficio al máximo de cumplimiento.

IV. RESUMEN

La doctrina Parot fue algo así como el “deus ex machina” de los  teatros griego y latino. Había que buscar una solución y los jueces, siempre en aras de la justicia material, pero de forma no muy respetuosa con los principios rectores del Derecho Penal, creyeron encontrar la fórmula con la retroactividad de una nueva interpretación para, según se confesaba francamente, prolongar así el encarcelamiento de aquellos criminales.

No es que los magistrados del TEDH disfrutaran anulando la decisión de nuestros Tribunales, sino que, de un lado, nuestros legisladores (o si se prefiere nuestros políticos) no habían estado a la altura de las circunstancias en aquellos años críticos para España, y de otro, que este remedio “in extremis” dejaba mucho que desear. Las conjuras judeomasónicas desaparecieron con la muerte de Franco. Se había tratado de acudir a la retroactividad jurisprudencial para bordear el escollo insalvable de la irretroactividad penal propiamente dicha. Y el intento no prosperó.