El Tribunal Constitucional y la amnistía fiscal

La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la coloquialmente conocida como amnistía fiscal de Montoro declara inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por la que se introducían en nuestro ordenamiento medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. La argumentación puede resumirse en que, de acuerdo con los artículos 86.1 y 31.1 de la Constitución Española aquella regulación no podía hacerse mediante un Real Decreto-ley cuyos requisitos esenciales no se habrían cumplido.

La estimación del recurso en los indicados términos permite que se sostenga desde el Gobierno que en definitiva se trataría de una objeción formal, de modo que la sentencia no entraría en el fondo de la cuestión, o sea, la constitucionalidad de las medidas plasmadas en ese texto que, por lo demás, fue convalidado por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre. Sin embargo, y aunque sea por vía de “obiter dictum”, el último párrafo del apartado d) del FJ5 de la Sentencia del Tribunal Constitucional reza literalmente así:

“En suma, la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir. El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra 21 del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular.”

El varapalo del Tribunal Constitucional al Ministerio de Hacienda, que va más allá de las razones formales, ha sido bien acogido por la opinión pública, a la que decididamente me sumo. Lástima que la cara dulce de la Sentencia vaya acompañada de otra menos gratificante.

No es de recibo que el Tribunal Constitucional haya tardado casi dos años para pronunciarse en este recurso cuando, al parecer, ya se ha agotado el tiempo previsto para las regularizaciones. El alto Tribunal entiende que no son revisables las situaciones jurídicas tributarias ya firmes al amparo del repetido Real Decreto-ley, pues así lo exigiría el principio de seguridad jurídica que el artículo 9.3 de la Constitución Española proclama. En resumen una advertencia para el futuro pero sin consecuencias para los injusta e inconstitucionalmente privilegiados por aquella amnistía apenas encubierta como excepcional regulación.

No en vano, la mayor queja que los españoles dirigen a su justicia (Tribunal Constitucional y Tribunales ordinarios) es su exasperante lentitud. ¿Cuánto tiempo lleva en el telar del Tribunal Constitucional el recurso contra la Ley socialista que despenalizó muchos supuestos de aborto anteriormente delictivos? ¿Cinco años o seis? Y puesto que quien esto escribe no alberga la menor duda acerca de la preparación jurídica y dedicación profesional de los Magistrados del Tribunal Constitucional, algunos de ellos incluso amigos personales desde hace mucho tiempo, es evidente que o sobran competencias o faltan medios. Conclusión válida también para los Magistrados del Tribunal Supremo y la inmensa mayoría de los titulares en otros órganos de la jurisdicción ordinaria.

La guinda de este episodio la ha puesto, en mi opinión con escasa fortuna, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, al celebrar como un triunfo que gracias al atraso del Tribunal Constitucional no haya quedado margen alguno para revisar los efectos de la regularización o amnistía fiscal. Nos han regañado un poco, pero no pasa nada. Se acata la sentencia, como no podía ser de otro modo, y aquí paz y después gloria.