El derecho a morir

derecho a morir

El derecho a morir, si es que existe, va mucho más allá de la eutanasia o muerte sin sufrimiento físico, según la define nuestro DRAE, y mucho más lejos aún que los cuidados paliativos que combaten el dolor pero también acortan la vida como efecto colateral, a veces querido pero nunca confesado, y lo mismo puede decirse de la desconexión de los modernos artilugios que sólo prolongan la agonía. La última encuesta de Metroscopia recoge el enorme respaldo de la sociedad española hacia la llamada muerte digna, incluido el derecho de los enfermos a que los médicos les proporcionen el producto indicado para paliar su dolor. El porcentaje entre los menores de 25 años asciende al 90% y al 74% entre los mayores de 65.

En España, como en otros países, el suicidio no es delito, aunque nada se opondría, en principio, a que fuera castigado el autor de un suicidio frustrado. No es un delito pero tampoco se le reconoce como un derecho. Así resulta, en una situación un poco paradójica, que la criminalización se agota en la inducción al suicidio, la colaboración en el mismo o la causación directa de la muerte a quien la desea pero tal vez no esté en condiciones físicas para proceder por sí mismo. El esquema legal ofrece algunas contradicciones que, sin embargo, se explican por la complejidad de un problema con profundas connotaciones sociales, fruto a su vez de las creencias religiosas dominantes en el curso de los últimos siglos.

Hoy, no obstante, la laicidad gana terrero, sobre todo en los países del mundo occidental, y las viejas respuestas han dejado de ser un dogma. Nada hay que oponer a quienes por sus convicciones religiosas rechazan ese pretendido derecho a morir, si bien sea con determinadas matizaciones cuando están en juego la profesión de fe y la defensa de la virginidad. Pero el verdadero problema consiste en saber si para la persona como tal, al margen de consideraciones religiosas, el derecho a la vida es a la vez un deber o se completa más bien con el derecho irrenunciable a la muerte voluntaria. No sólo hay enfermos terminales o con enfermedades muy dolorosas, sino también, por ejemplo, ancianos hastiados de la vida para los que disponer de su propio futuro forma parte de su dignidad individual.

Para iniciar un debate bastan las anteriores líneas. No hay que tomar por cierto e indiscutible lo que quizá no lo sea, como tampoco hay que imponer al prójimo las propias convicciones. Cuestión distinta es que el reconocimiento legal de este derecho demandaría un gran esfuerzo legislativo para evitar manipulaciones en la exigencia básica de una voluntariedad plena. Luego vendrían la solicitud de ayuda en caso de incapacidad física, las objeciones de conciencia y otras muchas preguntas que, aunque preocupantes, no afectarían al reconocimiento del incondicional derecho a la muerte y, como consecuencia, al suicidio asistido.

En el Congreso de Diputados se habla estos días de eutanasia, cuidados paliativos y otros temas relacionados con los anteriores, pero se deja nuevamente al margen la cuestión fundamental en esta materia. Así, aplicando el símil de la patata caliente, se gana, o se pierde, algún tiempo, mientras que la responsabilidad por un posible cambio se traslada a los futuros parlamentarios.

Sobre el aspecto religioso del problema puede resultar muy interesante la lectura del libro “Menschenwürdig sterben” (traducido al español como “Una muerte feliz”) de, entre otros, el famoso teólogo alemán Hans Küng, católico que ha recibido más de una reprimenda desde el Vaticano precisamente por poner en tela de juicio algunas creencias y doctrinas católicas que han sido tenidas hasta ahora como verdades absolutas y eternas.

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