¿El parto de los montes?

Una Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a Don Francesc Homs i Molist, como autor de un delito de desobediencia grave en relación con la consulta soberanista o referéndum encubierto del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña, a la pena de un año y un mes de inhabilitación especial para cargo público y multa de cinco meses con cuota diaria de doscientos euros. Se puede recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional y trasladar después la queja al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero ni lo uno ni lo otro afecta a la firmeza de esta resolución del Tribunal Supremo, que debe, al menos como regla general, ejecutarse de inmediato.

El Tribunal Supremo absuelve por el delito de prevaricación, ya que quedaría subsumido en la desobediencia, aplicando así el concurso de normas y no el ideal entre dos delitos como interesaba el Fiscal, que solicitaba por ello una mayor penalidad.

Una breve columna periodística no da para muchos comentarios, pero sí para unas breves observaciones. La primera, y tal vez la más importante, es que el propio Tribunal Supremo parece lamentar que no se acusara también por un delito de malversación que, a diferencia de los de desobediencia y prevaricación, se castiga con pena de prisión:

“No se cuestiona si la aplicación económica de fondos públicos promovida por el acusado en abierta y franca contradicción con el mandato emanado del Tribunal Constitucional tiene o no relevancia penal. Estimamos, por tanto, que los hechos declarados probados sólo pueden ser sancionados como constitutivos de un delito de desobediencia…”

El toque de atención, aunque velado, es muy significativo y ya veremos qué repercusiones tiene en el nuevo proceso penal que podría o debería incoarse a la vista de que la Generalitat mantiene su envite separatista y acaba de aprobar el presupuesto para los gastos de ese referéndum que, según proclaman, habrá de celebrarse sí o sí.

De la probable comisión de un delito de malversación nos hemos ocupado repetidamente en esta misma columna. Una cosa es que un partido político postule la separación de una parte de España, costándose las campañas en tal sentido, y otra muy distinta que la Generalitat dedique el dinero público de todos los ciudadanos, incluidos los no residentes en Cataluña, para fines completamente ajenos a sus competencias. Sería lamentable que la no acusación por el delito de malversación hubiera tenido alguna connotación extrajurídica, aunque no haya prueba alguna en tal sentido. Lo cierto es, sin embargo, que la cuestión era lo suficientemente grave como para que el Tribunal Supremo hubiese podido pronunciarse sobre ella.

Primero, la Junta de Fiscales de Cataluña considera que con aquella convocatoria no se cometió delito alguno, mientras que desde la cúpula del Ejecutivo también se ponía en duda la naturaleza de dicha consulta y su relación con el fallo del Tribunal Constitucional, todo lo cual contribuyó a que la reacción penal se iniciase con notable retraso. Más tarde, el Fiscal sólo acusa por prevaricación y desobediencia. Después, el Tribunal Supremo, entendiendo que los hechos tanto pueden incluirse en un tipo como en el otro, opta por aplicar únicamente el que conlleva menor pena de inhabilitación, aunque acompañada de una multa. Y el resultado final es que tan grave atentado contra la unidad de España se castiga con una pena que sólo servirá para que corra el escalafón de los capitostes separatistas.

Quizá en el origen de este parto de los montes se encuentre la equiparación legal entre la desobediencia a lo ordenado por un guardia municipal y la que se dirige contra lo acordado en una Sentencia del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo. El Presidente del primero de ellos ha advertido de que la solución del problema catalán es política, al menos en buena parte. Probablemente tenga razón, pero seguro es, en cualquier caso, que con penas como las impuestas a Don Francesc Homs i Molist poco habremos avanzado en la defensa de la unidad de España.