Las órdenes de alejamiento en la violencia de género

Es un hecho que la legislación española contra la violencia de género, o quizá más exactamente los principios que a veces inspiran su aplicación, no ha obtenido los resultados que sus promotores esperaban. Basta con ver el número de mujeres que en los últimos días han muerto a manos de sus parejas, exparejas o pretendientes. Esto es así y la alta cifra de tales crímenes es clamorosamente significativa. Algo falla y la solución no consiste en que las mujeres denuncien más -a la primera, se dice-, los jueces concedan más órdenes de alejamiento o, ya en otro terreno, lamentar que no siempre se condene con la versión de la supuesta víctima como única prueba.

La cuestión, que hunde sus raíces en el largo pasado de una sociedad patriarcal, es demasiado compleja como para confiar en que con el endurecimiento de las penas y la agilización de los correspondientes procesos se daría un paso decisivo en la lucha contra esa vieja lacra. La verdad es, sin embargo, que los avances obtenidos con las reformas legales distan mucho de ser satisfactorios. Pero hoy queremos centrarnos en las órdenes de alejamiento.

El seguimiento efectivo de tales órdenes depende mucho de su número. Hablamos de decenas de miles y aun así no faltaría nunca quién atribuyera parte de la responsabilidad en el último asesinato al juez que no adoptó en su día dicha medida cautelar. Y ello, pese a que lo más cómodo para él sería acceder siempre a la solicitud de la víctima o el fiscal. Pero es que dicha orden, eficaz sin duda para evitar la repetición del maltrato cotidiano, de poco sirve cuando el denunciado, investigado o procesado resuelve matar a la mujer. El quebrantamiento de la medida de seguridad conlleva una pena tan reducida que difícilmente detendrá a quien está dispuesto a enfrentarse con muchos años de prisión por homicidio o asesinato.

La inoperancia de la orden de alejamiento es todavía más evidente si el criminal ha decidido suicidarse a continuación, un fenómeno que -y aquí sería interesante conocer las estadísticas anteriores a la vigente legislación contra la violencia de género- no parece haber recibido de los comentaristas la atención que merece. Hora es de que los múltiples observatorios sobre la materia nos ofrezcan, más allá de las cifras de víctimas cada mes, o en cada comunidad autónoma o ciudad, un estudio serio que, partiendo de los objetivos datos disponibles, permita corregir lo que precise de corrección. A veces el voluntarismo pretende ver soluciones taumatúrgicas donde no las hay.

No es infrecuente, de otro lado, que la muerte violenta de la mujer ponga de manifiesto que la orden de alejamiento había quedado en papel mojado por la voluntad conjunta del victimario y su víctima. Y, aunque el Acuerdo de un Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo recordó que “el consentimiento de la mujer no excluye la penalidad del artículo 468 del Código Penal”, no es posible descartar la responsabilidad de la misma como inductora o cooperadora necesaria de aquellos delictivos encuentros.