Las órdenes de alejamiento en la violencia de género

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Es un hecho que la legislación española contra la violencia de género, o quizá más exactamente los principios que a veces inspiran su aplicación, no ha obtenido los resultados que sus promotores esperaban. Basta con ver el número de mujeres que en los últimos días han muerto a manos de sus parejas, exparejas o pretendientes. Esto es así y la alta cifra de tales crímenes es clamorosamente significativa. Algo falla y la solución no consiste en que las mujeres denuncien más -a la primera, se dice-, los jueces concedan más órdenes de alejamiento o, ya en otro terreno, lamentar que no siempre se condene con la versión de la supuesta víctima como única prueba.

La cuestión, que hunde sus raíces en el largo pasado de una sociedad patriarcal, es demasiado compleja como para confiar en que con el endurecimiento de las penas y la agilización de los correspondientes procesos se daría un paso decisivo en la lucha contra esa vieja lacra. La verdad es, sin embargo, que los avances obtenidos con las reformas legales distan mucho de ser satisfactorios. Pero hoy queremos centrarnos en las órdenes de alejamiento.

El seguimiento efectivo de tales órdenes depende mucho de su número. Hablamos de decenas de miles y aun así no faltaría nunca quién atribuyera parte de la responsabilidad en el último asesinato al juez que no adoptó en su día dicha medida cautelar. Y ello, pese a que lo más cómodo para él sería acceder siempre a la solicitud de la víctima o el fiscal. Pero es que dicha orden, eficaz sin duda para evitar la repetición del maltrato cotidiano, de poco sirve cuando el denunciado, investigado o procesado resuelve matar a la mujer. El quebrantamiento de la medida de seguridad conlleva una pena tan reducida que difícilmente detendrá a quien está dispuesto a enfrentarse con muchos años de prisión por homicidio o asesinato.

La inoperancia de la orden de alejamiento es todavía más evidente si el criminal ha decidido suicidarse a continuación, un fenómeno que -y aquí sería interesante conocer las estadísticas anteriores a la vigente legislación contra la violencia de género- no parece haber recibido de los comentaristas la atención que merece. Hora es de que los múltiples observatorios sobre la materia nos ofrezcan, más allá de las cifras de víctimas cada mes, o en cada comunidad autónoma o ciudad, un estudio serio que, partiendo de los objetivos datos disponibles, permita corregir lo que precise de corrección. A veces el voluntarismo pretende ver soluciones taumatúrgicas donde no las hay.

No es infrecuente, de otro lado, que la muerte violenta de la mujer ponga de manifiesto que la orden de alejamiento había quedado en papel mojado por la voluntad conjunta del victimario y su víctima. Y, aunque el Acuerdo de un Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo recordó que “el consentimiento de la mujer no excluye la penalidad del artículo 468 del Código Penal”, no es posible descartar la responsabilidad de la misma como inductora o cooperadora necesaria de aquellos delictivos encuentros.

Sobre el autor de esta publicación

José Luis Manzanares

Nació en 1930. Obtuvo Premio Extraordinario en la Licenciatura de Derecho por la Universidad de Valladolid (1952) y en el Doctorado por la Universidad de Zaragoza (1975).

Ingresó en la Carrera Judicial en 1954 y se jubiló como Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el año 2000. Es también Abogado del Estado (jubilado) y Profesor Titular de Derecho Penal (jubilado). Fue Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre los años 1990 y 1996. Desde 1997 es Consejero Permanente de Estado.

Amplió estudios en la Universidad Libre de Berlín Occidental y en el Instituto Max Planck de Friburgo.

Ha pronunciado numerosas conferencias en España, Colombia, Cuba, Alemania e Italia.

Ha publicado más de un centenar de trabajos jurídicos, amén de nueve libros, entre ellos dos Comentarios a los Códigos Penales españoles de 1973 y 1995, habiendo participado en otros diez de carácter colectivo. También ha traducido algunos textos jurídicos del alemán, entre los que destaca la última edición (la 4ª) del Lehrbuch des Strafrechts (Parte General) del Profesor Jescheck. Ha llevado durante años la Sección jurisprudencial del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. La misma labor desarrolló en la Revista “Actualidad Penal”, de la que fue Director durante algunos años, desde su primer número hasta su cierre el año 2003. Es también autor de unos comentarios en 2 Tomos al vigente Código Penal tras su reforma por la Ley Orgánica 5/2010, editados por Comares, Granada. Su último libro, publicado el año 2012 por la editorial La Ley, de Madrid, se ocupa de “La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia”.

Ha colaborado en algunos periódicos nacionales, como ABC, Diario 16, La Razón, El Mundo, El País, La Gaceta de los Negocios, La Clave, Epoca y Expansión, y semanalmente, durante muchos años en Estrella Digital. También en la revista alemana “Juristenzeitung” y otras especializadas de México y Argentina.