Apuntes carcelarios sobre el caso Nóos

Las penas de prisión impuestas a Iñaki Urdangarin por la Audiencia Provincial de Palma han suscitado un movido debate sobre dos cuestiones especialmente sensibles porque atañen a su posible ingreso en un establecimiento penitenciario. La primera es si se acordará o no su prisión provisional hasta que se dicte sentencia firme tras los más que previsibles recursos de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La segunda se refiere a la posible suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad una vez que aquellos hayan sido resueltos.

La prisión provisional es una medida cautelar que puede acordarse desde el comienzo de las diligencias penales hasta la sentencia firme. Entonces se abona en el cómputo de la pena de prisión o, subsidiariamente, de las de otra clase, si las hubiera. El acusado absuelto tiene derecho a una indemnización, pero sólo en el supuesto de que aquella descansara en la inexistencia del hecho imputado. Excluida queda la absolución sólo por falta de pruebas.

La prisión provisional, a diferencia de la detención, únicamente puede acordarse por los jueces o magistrados que conozcan de las diligencias penales o de la causa. Se necesita la petición de alguna parte acusadora y tiene como finalidad fundamental el conjurar los peligros de fuga o destrucción de pruebas “por el tiempo imprescindible”. No se trata -y esto conviene dejarlo claro- de adelantar provisionalmente el cumplimiento de una pena más o menos probable, ni siquiera si hubiera ya una sentencia condenatoria pero pendiente aún de firmeza.

La segunda cuestión, la de la posible suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas en sentencia firme, merece particular atención, sobre todo porque algunos periodistas y tertulianos no parecen tener las ideas muy claras. Naturalmente, no se pretende aquí opinar sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma ni aleccionar al Tribunal Supremo para que resuelva en su día los recursos de casación a gusto del comentarista.

Cada cual es muy libre de pronunciarse sobre los avatares y el desenlace de un proceso tan complejo y a la vez tan relevante desde el punto de vista de la corrupción institucional e institucionalizada, pero las tres magistradas de la Audiencia de Palma conocen mejor el Derecho que el hombre de la calle, saben que su obligación es aplicar una ley que personalmente puede gustarles o no, han tenido la ocasión de valorar las pruebas presentadas por las partes, han oído directamente los argumentos del fiscal, de la acusación pública y de las defensas, y finalmente han deliberado durante varios meses antes de dictar una sentencia de centenares de folios.

El propósito de este artículo es muy modesto y decididamente aséptico. Sólo se pretende resumir lo dispuesto en el Código Penal sobre la suspensión de la ejecución de las penas firmes de prisión, o sea, proporcionar al lector una especie de plantilla aplicable a cualquier ciudadano en iguales circunstancias.

El primer requisito general para disfrutar del beneficio es que el reo haya delinquido por primera vez, algo que se cumple respecto a cada una de las penas impuestas en una primera sentencia condenatoria. A partir de ahí la cuestión se complica. La pena de prisión individualmente considerada no debe superar los dos años, pero tampoco cabe la suspensión si la suma de todas las correspondientes a una misma sentencia sobrepasare dicho límite máximo. Por lo demás, siendo la concesión potestativa, aunque reglada, no hay dificultad alguna para suspender la ejecución de sólo alguna o algunas de las penas conjuntamente impuestas.

Todo lo escrito hasta ahora no significa, sin embargo, que no haya algunas excepciones. Así, del condicionamiento temporal se prescinde por completo si el penado se halla aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Un supuesto que, por fortuna, no parece darse entre los posibles condenados a prisión en esta causa. Otra excepción se refiere a quienes delinquieron por su afición a las drogas. Pero hay una tercera de mucho mayor interés y, por su novedad, de escasa o nula jurisprudencia.

Se trata de la novedosa y curiosa previsión del artículo 80.3 del vigente Código Penal tras la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo. A su tenor, y siempre que no se trate de reos habituales, “podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza de hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen”. Un cajón de sastre en el que casi todo vale. Esto quiere decir que entonces ha de atenderse únicamente a la duración de cada pena en particular, sin que interese la duración conjunta de todas ellas.

Y aquí lo dejamos. Sirvan las anteriores líneas como aguja de marear en una de las espinosas cuestiones que plantea el caso Nóos, un escándalo al que los Tribunales no han puesto todavía su punto final.