Los vientres de alquiler

Los vientres de alquiler son la expresión comúnmente empleada entre nosotros para referirnos a lo que el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, de 26 de mayo de 2006, contempla como un contrato de gestación subrogada que declara nulo de pleno derecho. Véase su texto literal:

  1.  Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero.
  2.  La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto.
  3.  Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales.

No se reconoce, por tanto, en nuestro ordenamiento civil ningún acuerdo para que una mujer acepte quedar embarazada con un óvulo ya fecundado por terceras personas, con la finalidad de que éstas aparezcan en su día como progenitores del recién nacido a todos los efectos, incluidos los legales. Cabe que contraten con la madre de alquiler, o al menos lo intenten, tanto un matrimonio heterosexual como homosexual, una pareja de hecho o un solo individuo.

Las combinaciones son muchas pero no todas se admiten en los no muy numerosos países que regulan expresamente dicho contrato. Hay, además, limitaciones en el sentido de prohibir la contraprestación económica, sin la que es difícil imaginarse el supuesto, o en el de negar tal posibilidad a los extranjeros o personas que no residan habitualmente en ese país. Repugna, de un lado, la “cosificación” del futuro niño y, de otro, la creación de una especie de paraíso internacional en materia tan controvertida ética y socialmente. Por no hablar de los casos comprobados en los que se produce una verdadera estabulación de las madres gestantes como si de una industria se tratara. Eso sí, cuidando su alimentación y con la mejor asistencia médica como corresponde a una productiva empresa.

En la mayor parte de Europa según ocurre en España, el vientre de alquiler se encuentra proscrito aunque sea indirectamente. Los legisladores, léase los políticos, tienen miedo a pronunciarse de manera clara en un sentido determinado. El último congreso del Partido Popular ha decidido proseguir con los estudios hasta que llegue el momento de adoptar una postura definitiva, lo que parece una tácita remisión a las calendas griegas.

Sepa el lector, mientras tanto, que la madre del nacido en España será siempre la biológica, o sea, la que ha dado a luz, y que en cuanto a los contratos de españoles con mujeres gestantes en el extranjero, aquellos sólo serán registrados como padres del niño, por lo que a nuestro registro civil se refiere, si así lo dispusiera una resolución judicial de ese otro país, algo muy poco frecuente. Siempre puede seguirse el complicado rodeo por la vía de la adopción, pero ese es otro tema con planteamiento, trámites y requisitos distintos.

Como ya se ha dicho, el contrato en sí es nulo conforme a nuestra Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, por lo que ninguna parte puede exigir nada a la contraria ni la Administración puede tenerlo en cuenta. La contratación misma no es delictiva, pero el apartado 1 del artículo 220 del Código Penal castiga la suposición de parto con prisión de seis meses a dos años, la misma pena prevista en el apartado 2 para quien ocultare o entregare a terceros un hijo para alterar o modificar su filiación. Y aún resta el complejo tema de las falsedades documentales. La consigna es, una vez más, dar tiempo al tiempo mientras la patata caliente se enfría o pasa a otras manos.