La reforma constitucional

El Consejo de Estado aprobó un Informe sobre la reforma constitucional en su sesión plenaria de 16 de febrero de 2006. El estudio se centraba en cinco cuestiones: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al Trono, la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas, la reforma del Senado y el procedimiento para la reforma de la propia Constitución. El Informe fue bien recibido por nuestras formaciones y partidos políticos, quedando desde entonces como obligado punto de referencia en dichas cuestiones. No se abordan, por el contrario, los temas hoy candentes de la pretendida nación de naciones, del derecho a decidir en algunas Comunidades Autónomas y de la definitiva organización territorial de España.

Es probable que aquellas propuestas del Consejo de Estado vuelvan a ser ampliamente aceptadas en una futura reforma constitucional, pero el debate de actualidad es otro muy distinto y de mayor calado. En Cataluña, y a cierta distancia en el País Vasco, son muchos quienes, como simples ciudadanos o a través de sus instituciones, exigen (ya no se pide nada a secas) la independencia, con el derecho a decidir como escalón previo, sea consensuado con el Estado o por la vía unilateral de los hechos.

La reforma del Senado para convertirlo en una cámara territorial (el desarrollo del régimen autonómico es, lógicamente, posterior a la Constitución) de nada serviría frente a la intransigencia de las demandas soberanistas. El problema catalán tampoco se solucionaría con un régimen fiscal similar al de Navarra y el País Vasco, poco acorde con los planteamientos igualitarios de Bruselas y privilegiado respecto a las restantes Comunidades Autónomas. Nadie pretende, por ejemplo, extenderlo a todas ellas.

O se modifica el artículo 1.2 de la Constitución para que la soberanía deje de residir en la totalidad del pueblo español, y se suprime en el artículo 2 la indivisibilidad de la Nación española, algo a lo que se opone la inmensa mayoría de los españoles, o el problema continuará e incluso se agravará con la política de nuevas concesiones o privilegios que, como enseña la experiencia, tendría efectos contrarios a los deseados. Lo mismo cabe decir del mirar para otro lado para no ver los reiterados incumplimientos de la propia Constitución y de la legislación vigente. No a la chita callando, sino con gestos de desafío a la soberanía del pueblo español en su conjunto.

Toda reforma constitucional presupone un cierto acuerdo previo, aunque sólo sea en términos generales. Mientras menos ilusiones nos hagamos en aquellas materias, menor será la previsible frustración. Ortega -y perdón por la tan repetida cita- hablaba de una enfermedad crónica que España puede y debe sobrellevar con resignación. El viejo pronóstico se refuerza cuando por el adoctrinamiento sectario de unos y la pasividad de otros, el separatismo catalán alcanza hoy cotas inimaginables hace sólo unos años. Afrontar ese reto en una reforma constitucional llevaría inevitablemente a la elaboración de una nueva Constitución para la que la de 1978 sólo sería el punto de partida.

Sea cual fuere el alance de la próxima reforma, sí que convendría reformar su regulación. Hay un procedimiento abreviado, el del artículo 167, que no precisa de la disolución de las Cortes ni se cierra necesariamente con un referéndum, pero a continuación vienen las numerosas excepciones del artículo 168 con un procedimiento bastante más complicado, de forma que conlleva la disolución de las Cortes Generales y el referéndum final es preceptivo. El blindaje puede pecar de excesivo y como, curiosamente, entre los supuestos del artículo 168 (revisión total de la Constitución, articulado referente a la Corona, etc.) no se encuentra el Título “De la reforma constitucional”, se abriría una oportunidad para proceder siempre conforme a las previsiones del artículo 167.