La deriva separatista de las Instituciones catalanas y el Código Penal

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No es la primera vez que en estas columnas nos hemos ocupado de las consecuencias penales de determinados comportamientos en el ámbito institucional catalán con el denominador común de la desconexión del resto de España, o sea, de una proclamación unilateral de independencia como punto final de un proceso puesto en marcha hace ya algunos años. Pero conviene insistir en la obviedad de que la solución del conflicto difícilmente se conseguirá aplicando los preceptos de nuestro Código Penal, sobre todo los relativos a la prevaricación administrativa y a la desobediencia grave.

El artículo 404, dedicado a la prevaricación administrativa, sólo contemplaba hasta ahora una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 7 a 10 años. No parece que el efecto intimidatorio de esa pena privativa de derechos sea muy relevante, como tampoco su contenido aflictivo o su componente retributivo. Algunos de los ya investigados, procesados o acusados por tal delito, no ostentan ya ningún empleo o cargo público. Además, nuestros procedimientos penales se prolongan en demasía, de forma que puede transcurrir demasiado tiempo hasta la firmeza de una sentencia condenatoria. Y en último término, siempre habrá otra persona dispuesta a ocupar la vacante, con lo que la alternancia de prevaricaciones e inhabilitaciones podría repetirse indefinidamente.

De otro lado, y aparte de que las leyes penales carezcan de efecto retroactivo en contra del reo, la situación no ha cambiado mucho tras la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de enero, que fija la pena de inhabilitación entre 9 y 15 años. Tampoco supone un cambio importante en la punición de este delito que se añada una inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo con los mismos límites temporales. Algo que, además, puede resultar irrelevante, pues poco interesará la presentación como candidato en unas elecciones para un cargo o empleo ya afectados por la otra inhabilitación especial, la de toda la vida. El derecho comparado suele prescindir de todas estas penas privativas de derechos, a salvo las concernientes al tráfico vial. Sirvan de ejemplo los Códigos Penales alemán, austriaco, portugués y suizo.

Más enjundia tiene la prisión prevista en el artículo 556 de nuestro Código Penal para el delito de desobediencia grave a la autoridad o a sus agentes. Hasta la citada Ley Orgánica 1/2015 se penaba con una prisión de 6 meses a 1 año. Ahora, curiosamente, la prisión se atenúa y pasa a ser de 3 meses a 1 año, lo que no deja de llamar la atención. Como también la novedosa alternatividad con la multa de 6 a 18 meses introducida en aquel artículo por la citada Ley Orgánica 1/2015. El encarcelamiento de los condenados por esta desobediencia, incluidos en su caso algunos líderes independentistas catalanes, será en adelante una “rara avis”.

De otra parte, y aunque en algunos de estos últimos procesos se haya retirado la acusación por malversación de caudales públicos, es también llamativo que la tipificación y punición de estos delitos conforme a la tantas veces citada Ley Orgánica 1/2015 experimentase un profundo cambio que se traduce, sorprendentemente, en que el límite mínimo de la pena de prisión se reduce de 3 a 2 años. Se facilita así la suspensión de la ejecución de la pena de prisión cuando no supere esos 2 años, tal y como puede verse en el artículo 80 del Código Penal.

Va a resultar que algunos delincuentes tienen más difícil entrar en la cárcel que los ricos en el Reino de los Cielos.

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