Las competencias del País Vasco en materia penitenciaria

El presidente o lehendakari del gobierno del País Vasco, Iñigo Urkullu, está dispuesto a dialogar con Mariano Rajoy pero con una exigencia por delante: una nueva política penitenciaria para los presos vascos. No hace falta subrayar, sin embargo, que se refiere particular y casi exclusivamente a los llamados presos de ETA. Él, por su parte, haría un llamamiento a la desaparición definitiva de la organización terrorista.

La cuestión, que no es baladí, puede examinarse desde distintos puntos de vista. El primero sería el de la distinción no siempre sencilla entre la ejecución penal, supervisada por el juez de vigilancia y completada mediante el habitual sistema de recursos, y la política penitenciaria propiamente dicha, que es en principio competencia del Ejecutivo y, sobre todo, del Legislativo del Estado. Pero inmediatamente después habría que preguntarse si ese cambio pasaría por la transferencia de la administración penitenciaria a las autoridades correspondientes del País Vasco, siguiendo así el ejemplo iniciado en Cataluña hace muchos años.

Contra lo previsto inicialmente en la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, de 26 de septiembre, la clasificación del penado en tercer grado ya no sólo se materializa en la posibilidad de que el reo abandone el centro penitenciario el tiempo preciso para atender a un trabajo fuera del mismo. Ahora, por vía reglamentaria e instrucciones internas, se ha llegado al extremo de que la clasificación en tercer grado puede significar también que únicamente se pernocta en la cárcel durante los fines de semana o, aunque uno se resiste a creerlo, se ficha allí de vez en cuando. O sea, la resocialización durante el sueño o mediante muy pequeñas dosis de escritura manual. Bien conocidos son los nombres de algunos famosos etarras que salieron a la calle demasiado pronto gracias a estos oscuros e imprecisos vericuetos.

Procede recordar en cualquier caso que la demanda de Urkullu cuenta con el apoyo del artículo 10.14 del vigente Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, a cuyo tenor, dicha Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en “la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimiento de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”. Lo sorprendente (han transcurrido desde entonces 37 años) es que hayamos llegado hasta hoy sin que nadie se preocupase seriamente por el desarrollo del precepto. Se diría que ambas partes, el gobierno de Madrid y el de Vitoria, prefirieron mirar para otro lado cuando los atentados terroristas eran el pan nuestro de cada día.

Aunque las transferencias a Cataluña puedan servir de ejemplo para salvar algunas dificultades, éstas no son pocas y, además, no siempre valen como precedentes. Para la competencia cabe atender al lugar de los hechos, al de la última residencia del reo o al de la celebración del juicio, pero también excluir de las transferencias todas las condenas pronunciadas en el ámbito de la Audiencia Nacional. Y en ocasiones habrá una pluralidad de condenas por delitos de muy diversa clase. Hace falta buena voluntad para llegar a un acuerdo y un buen conocimiento de los problemas reales para prevenir desencuentros futuros. Eso sí, el acercamiento de los presos vascos, etarras o no, al País Vasco depende hoy exclusivamente de la política penitenciaria del Gobierno de España.