Controversia interesada sobre la acción popular

Infanta Cristina

El que Cristina de Borbón se siente en el banquillo de los acusados en el caso Nóos se debe casi exclusivamente al ejercicio de la acción popular por parte de “Manos Limpias”. Casi, porque de nada habría servido si el Juez Castro, instructor de la causa, no hubiera aceptado la existencia de indicios racionales de criminalidad y si la propia Audiencia Provincial no hubiera compartido ese criterio al resolver los correspondientes recursos. Una posición contraria a la mantenida por el Fiscal y el Abogado del Estado, partidarios ambos del sobreseimiento de la causa respecto a la Infanta. Es natural, por ello, que haya vuelto a reproducirse la polémica sobre las ventajas e inconvenientes de esa acción popular que, recogida en el artículo 125 de la Constitución, es de configuración legal.

Aunque sea cierto que la acción popular es desconocida en muchos ordenamientos extranjeros y que, además, se presta a abusos y manipulaciones extrajudiciales, habrá de tenerse muy en cuenta el funcionamiento de la Fiscalía en cada país para regularla correctamente. Cuanto mayor sean la independencia y eficacia de dicha institución, menor importancia tendrá la acción popular. En España no faltan, desgraciadamente, razones para su mantenimiento en líneas generales. Gracias a ella se han conseguido condenas por graves delitos que, cometidos en los aledaños del Poder, se habrían beneficiado, dicho suavemente, de una cierta pasividad del Ministerio Público.

Hoy, según el artículo 124.4 de nuestra Constitución, el Fiscal General del Estado es nombrado, y en su caso renovado, por el Gobierno, si bien deba ser previamente oído el Consejo General del Poder Judicial con un dictamen no vinculante. Y la Fiscalía o Ministerio Público se estructura monolíticamente, de modo que todos los fiscales actúan como delegados del Fiscal General y están a sus órdenes.

El posible recorte de la acción popular en el futuro y, lo que quizás sea más relevante aún, la asunción por el Fiscal de las actuales competencias judiciales en la instrucción penal tienen claras connotaciones. De ahí el exquisito cuidado con que ha de procederse en estas reformas para evitar una indirecta politización de la Justicia. Se dice que cuando la Política entra por la puerta del juzgado, la Justicia sale por la ventana. Y si no la Justicia, sí su imagen, lo que a estos efectos viene a ser lo mismo. El acento de cualquier cambio debe ponerse en la necesidad de matizar todo lo posible la relación del Fiscal General con el Gobierno, al menos mientras que no se reforme la Constitución. Sólo a partir de ahí se justificaría cualquier novedosa restricción de la acción popular.

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