Penados de permiso, drogas y helicópteros

Según el artículo 25 de la Constitución las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación social del condenado. Una declaración tan bien intencionada como irreal en muchos supuestos. Ni todos los condenados a penas privativas de libertad precisan de tal reeducación ni todos los sometidos a unas medidas de seguridad que incluso pueden no comportar privación de libertad alguna. Así, la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa es una pena privativa de libertad, pero no convierte al insolvente en persona necesitada de resocialización. Algo similar ocurre con la localización permanente que, incluida entre las penas privativas de libertad, se configura como un brevísimo arresto domiciliario en el que tampoco cabe ningún tratamiento del condenado.

Pero centrémonos en las penas de prisión cuya duración permite aplicar al reo cuanto la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone sobre su tratamiento individualizado, su clasificación en primer, segundo, tercer o cuarto grado, con sus correspondientes regímenes cerrado, ordinario, abierto o de libertad condicional y, su disfrute de permisos como complemento indispensable para la progresión hacia la meta resocializadora. La presencia en la vía pública del preso que aún no ha cumplido la totalidad de su pena se justifica por dicha finalidad, aunque implique un riesgo que el hombre de la calle no habría arrostrado si el reo hubiese permanecido en la cárcel. Sabido es que la protección física de las personas mediante la prisión del delincuente constituye una variante de la prevención especial como uno de los fines de la pena.

El problema consiste en hallar el equilibrio debido entre las excarcelaciones más o menos prolongadas en aras de la resocialización del reo y el peligro que aquellas representan para los ciudadanos en general. No basta con la responsabilidad patrimonial de la Administración en caso de que el peligro se haya materializado en la muerte o lesión de una persona concreta. Hay que ir más allá y preguntarse hasta qué punto, y particularmente en la concesión de los permisos, no se estará procediendo con excesiva ligereza o, lo que sería peor, con excesivas dosis de “buenismo”. Las noticias sobre penados que aprovechan los permisos penitenciarios para cometer nuevos delitos, a veces gravísimos y de la misma clase que aquellos por los que fueron condenados, son demasiado frecuentes pese a no alcanzar la publicidad de, por ejemplo, los accidentes de tráfico, la pedofilia, o la violencia de género.

Con todo, en alguna ocasión nos enteramos del clamoroso fiasco en la concesión y disfrute de los permisos penitenciarios. Ahora se trata de un condenado por tráfico de drogas que los aprovechaba para pilotar el helicóptero con el que su banda introducía en España, desde Marruecos, cantidades de hachís próximas a la tonelada en cada viaje. Aunque los comentarios huelguen, quizá se nos permita rogar que Dios conserve la vista a las autoridades penitenciarias o al juez de vigilancia que concedieron el permiso, así como a los encargados de controlar, al menos por encima, el uso que del mismo hacía la persona en la que habían depositado su confianza.

¿Qué pasaría si acortásemos las penas a cambio de tomarlas más en serio?