La persona "non grata"

El Ayuntamiento de Pontevedra ha declarado “persona non grata” al Mariano Rajoy, presidente el Gobierno de España, si bien lo sea en funciones. La causa inmediata es haber prorrogado el funcionamiento de una fábrica de celulosa que tiene un negativo impacto sobre las aguas costeras. Pero un poco más allá pueden encontrarse las diferencias políticas entre la ahora mayoría municipal y el Partido Popular. En mi opinión, un acuerdo muy discutible, independientemente de quien lleve la razón en la polémica. Los daños ecológicos son indudables, pero también cuenta la conservación de muchos puestos de trabajo, sin olvidar a las muchas modestas familias que venden la leña de sus bosques como materia prima de la instalación.

La declaración de persona “non grata” presenta además un cierto carácter injurioso, a la inversa de lo que sucede en la declaración de hijo predilecto y otras similares. Se puede, y aun debe, expresar el malestar por la determinada actuación de alguien, aunque evitando a la par su descalificación personal. Por aquel camino volvemos a la declaración de “infamia” que el Código Penal de 1823 recoge entre sus penas junto a la de ser el reo “indigno del nombre de español o de la confianza nacional”. Recuérdese igualmente que las reprensiones públicas y privadas, previstas en todos nuestros códigos penales desde el de 1848 hasta el de 1973, desaparecieron del vigente texto de 1985, precisamente por atentar contra el honor de las personas.

Y es que con estas declaraciones de “persona non grata” los ayuntamientos se asemejarían a esos Tribunales de Honor que prohíbe expresamente el artículo 26 de nuestra Constitución en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Y con la dignidad de la persona se inicia el artículo 10 de su Título Primero bajo la rúbrica “De los derechos y deberes fundamentales”. Estamos ante un principio rector de todo nuestro ordenamiento jurídico en tan delicada materia.

Si cada ayuntamiento es muy libre para declarar persona “non grata” a quien guste, lo mismo habrá que predicar de las diputaciones provinciales y de las comunidades autónomas, por no hablar de las juntas municipales de distrito, los cabildos insulares, las asociaciones de padres de familia o las comunidades de vecinos. ¿Cabría imaginar esa declaración respecto al propio Jefe del Estado? Aquí no vale cerrar los ojos, porque cosas similares o peores se han dado ya en forma de abucheos, desplantes y otros desahogos contra la Corona o el Rey. La declaración de “persona non grata” podría extenderse a familias enteras o a los representantes de cualquier de nuestras instituciones.

No habrá un efecto material directo, pero sí otro, quizás más grave, que afecta tanto al honor del réprobo como a todo lo que éste represente en la vida pública de España. Por cierto, el artículo 208 del nuestro vigente Código Penal define la injuria como “la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. Si la declaración carece de efectos jurídicos, su finalidad mal puede ser otra que la de atentar contra dichos valores. También habría que considerar el posible ejercicio de acciones civiles. La anulación de la declaración por vía contencioso-administrativa no basta cuando el daño ya está hecho.