La no tan bendita ignorancia

Algunos de nuestros líderes políticos suelen estar tan preocupados por sacar adelante sus programas electorales que no siempre tienen tiempo para otras cosas. Por ejemplo, para enterarse de si sus hombres de confianza asesinan o roban a la sombra del Poder que ellos, los jefes, representan o ejercen.

Felipe González, sin ir más lejos, se enteró de los crímenes del GAL por la prensa. Así lo confesó ante un conocido periodista que, prudente él, se abstuvo de hacerle entonces una pregunta obligada: ¿Y, tras saberlo, qué medidas tomó usted, señor presidente? Los jueces serían unos “descerebrados” (sic), a los que desgraciadamente nadie les decía lo que debían hacer. Los condenados fueron despedidos con coros y danzas a la puerta de la prisión de Guadalajara. Algo hemos avanzado. Ahora ni hay terrorismo de Estado ni se ataca alegremente a los jueces.

Cuestión distinta es que la vieja corrupción (la de los casos Naseiro, Filesa y tantos otros) haya avanzado hasta poner en peligro las propias instituciones democráticas. Lo estamos viendo en las dificultades con que tropiezan los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, para formar nuevo gobierno, muy afectados ambos por sus correspondientes escándalos. Nadie sabía nada, ni siquiera cuando las mordidas, comisiones ilegales y otras zarandajas habían enriquecido tanto a personas concretas como al partido mismo.

Decían que había irregularidades aisladas pero que la corrupción generalizada no existía. La verdad era, por el contrario, muy distinta. Funcionaba bien la ley del silencio y aquélla criminalidad específica sólo llegaba a los tribunales por la denuncia de algún despechado (o alguna despechada) que rompía la regla sagrada de la “omertá”. Eso explica que lo pretendidamente excepcional haya resultado normal. Es triste pensar que si la corrupción fuera como el petróleo, seríamos un país afortunado. Bastaría perforar un poco en cualquier lugar de España para que saliese un vistoso chorro de oro negro: Andalucía, Cataluña, Baleares, Valencia, Madrid, Galicia, y vuelta a empezar.

Aunque pocos ciudadanos se crean que los de arriba nunca supieron nada de los delitos cometidos por sus inferiores, su pretendida ignorancia, unida a la presunción de inocencia, ha servido hasta ahora no sólo para evitar el banquillo de los acusados, sino también para eludir el desagradable trance de ser oídos como testigos, pues esto último ya sería una intolerable estigmatización, según dijo algún magistrado del Tribunal Supremo.

Creo que la extendida sensación de impotencia que la impunidad de tales hechos produce podría fácilmente corregirse en alguna medida. El artículo 395 del Código Penal de 1973 castigaba a “el funcionario que por abandono o negligencia inexcusables diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos públicos”. No se exigía el conocimiento de la malversación misma. Lo que se castigaba era el mirar interesada o imprudentemente hacia otro lado. Ignoro la razón por la que el precepto fue marginado en el vigente Código de 1995, y no quiero caer en malos pensamientos. Me conformo con desear verlo de nuevo en nuestro ordenamiento jurídico penal. Y, además, con algunos años de prisión junto a la inhabilitación especial para cargos públicos.