El futuro penal de la infanta Cristina

Infanta Cristina

La acción popular, recogida en el artículo 125 de la Constitución, pero ya regulada de antiguo en nuestra centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal, siempre mantuvo su equiparación con la acción pública del Fiscal hasta la “doctrina Botín”. La aplicación de ésta a la infanta Cristina en el caso “Nóos” habría impedido su enjuiciamiento como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales. La noticia del día es, sin embargo, que la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Baleares acaba de denegar esa petición en un auto bien razonado.

Las doctrinas con nombre propio suelen ser discutibles excepciones a una pacífica jurisprudencia. La “doctrina Botín” entendió que en algunos delitos, como los fiscales, no cabía abrir el juicio oral a petición exclusiva de la acción popular. La acusación del Fiscal sería requisito indispensable. Luego, la “doctrina Atutxa” la excluyó en determinados supuestos (la excepción de la excepción), y la Audiencia Provincial de Baleares acaba de dar un paso en la misma dirección. En el caso Botín se trataba del sobreseimiento completo de la causa por inexistencia del delito objeto de acusación, mientras que ahora únicamente se debatiría un sobreseimiento parcial, que, además, sólo afectaría a una de las personas implicadas en la actividad delictiva. La Audiencia Provincial recuerda también que la discriminación de la acción popular carece de fundamento en nuestra vigente legislación procesal. Es cierto que puede haber abusos, pero estos pueden corregirse mediante la exigencia de la oportuna fianza.

La infanta Cristina puede ser condenada o absuelta, siendo muy probable que haya pronunciamientos del Tribunal Supremo e incluso del Tribunal Constitucional. En cuanto a la posibilidad de insistir en la aplicación de la “doctrina Botín” en esta primera instancia, con lo que no se entraría en el fondo del asunto, el propio Auto hace saber a las partes que “contra el mismo no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de la pertinente protesta y de que la cuestión pueda ser reproducida, en su caso, con ocasión del recurso que cupiera interponer contra la sentencia que sea dictada en esta instancia”.

Conviene recordar, finalmente, que la infanta Cristina no se sienta en el banquillo sólo porque así lo haya solicitado la acusación popular, sino también porque el juez de instrucción y la propia Audiencia aceptaron en su día la existencia de esos indicios de criminalidad que justificarían la acusación.

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