El delito de usurpación de funciones

Puigdemont y Mas

Según el artículo 402 del Código Penal, comete el delito de usurpación de funciones “el que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial”. Pues bien, tal carácter no se ostenta hasta que se toma posesión del correspondiente cargo y para ello, en casos como el del Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, es imprescindible haber prestado el debido juramento o promesa de acatamiento a la Constitución Española. El nombramiento no basta por sí solo.

Es lícito acatar la Constitución y propugnar su reforma por los procedimientos previstos en la misma, pero no el tomar posesión de un cargo rechazando ya, directa o indirectamente, su vigencia. Verdad es que la fórmula prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General sólo se refiere a los candidatos electos, de modo que no ha de reproducirse literalmente en todos los demás supuestos, pero la cuestión aquí debatida es de fondo. No se cita siquiera la Constitución Española y sí sólo “la voluntad del pueblo de Cataluña representado en el Parlamento”. Unas palabras que han de analizarse en el contexto en que se pronunciaron.

No sería aventurado hablar de un nuevo paso, perfectamente previsto, en la “desconexión” unilateral de España, violando frontalmente nuestra Constitución. Decir que el Gobierno central ha encargado a la Abogacía del Estado un estudio sobre la nulidad de aquella toma de posesión es una buena noticia, pero quizás no todo lo que sería deseable. Si se llegara a una conclusión afirmativa, cuanto el Sr. Puigdemont hiciera oficialmente sin estar legitimado para ello, llenaría el tipo del delito de usurpación de funciones. Y existe una Fiscalía General del Estado.

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